La opa fallida de BBVA sobre Sabadell empuja al Gobierno a una ola de cambios regulatorios

De momento, fuentes del Ministerio de Economía confirman que, tras el final de la opa, se ha acelerado el proceso para la transposición de una directiva europea de requisitos de capital para los bancos (la CDR6) que, entre otras cosas, viene a reforzar el papel del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de decidir sobre fusiones de entidades significativas (como lo serían BBVA y Sabadell). «Los supervisores han de poseer todas las facultades necesarias para ejercer sus cometidos respecto de las distintas operaciones que efectúen los entes supervisados», apunta la norma.

En teoría, esto implicaría que el Ministerio de Economía pierda su poder para vetar fusiones, como hizo en el caso de BBVA -aprobando la opa pero prohibiendo la unión completa durante tres años-, abriendo una brecha con Bruselas, que mantiene un procedimiento abierto con el Ejecutivo por su intervención. Sin embargo, fuentes conocedoras explican que hay distintas interprestaciones de la normativa, que podrían permitir al Gobierno cierto margen para mantener su competencia.

Fuentes de Economía explican que aún se está analizando el texto definitivo, que esperan tener aprobado en las próximas semanas para cumplir con el plazo de la transposición, que marca el próximo 11 de enero de 2026 como fecha tope. Recuerdan además que el Banco de España ya interviene en cualquier proceso de opa bancaria, aunque las fuentes jurídicas consultadas señalan que el espíritu de la norma es remar a favor de una mayor participación de los supervisores en detrimento de los gobiernos para este tipo de procesos.

Habrá que esperar para comprobar la interpretación del Gobierno que tendrá que pasar la norma por el Consejo de Ministros antes de que termine el año. Para entonces, se espera que Economía empiece al menos a valorar otros cambios regulatorios como el de una actualización de la propia ley de opas actual, que ha demostrado ser insuficiente para abordar procesos como el vivido en los últimos 18 meses entre BBVA y Sabadell.

No solo se trata de acortar los plazos para evitar la incertidumbre entre los accionistas. La opa ha terminado sin que el mercado sepa finalmente los criterios que habría que emplearse para establecer un precio equitativo en caso de una segunda opa. Un movimiento que nunca antes había sucedido pero que podría repetirse en el futuro.

La CNMV era quien debía establecer esos criterios. Pero el fracaso de la operación salvó al supervisor de hacerlo, con lo que la presión recae ahora en Economía que es, a juicio de la institución presidida por Carlos San Basilio, quien tiene la competencia para mejorar la norma.

«Podría tener sentido, después de tantos años de un Real Decreto que ha sido plenamente útil, que quizás, como cualquier texto, este pueda tener una cierta revisión», indicó este martes San Basilio, apuntando a que durante estos meses se han detectado incluos «algunos errores de redacción y otros que plantean dificultades de interpretación que les gustaría intentar aclarar» con la cartera dirigida por Carlos Cuerpo.

«Estamos dispuestos, desde luego, a apoyar al Ministerio de Economía si se decide ir por esta vía, pero la iniciativa es suya y nosotros aportaríamos nuestra visión», manifestó San Basilio. Respecto al precio equitativo, el presidente de la CNMV recordó que «es un caso que, si se vuelve a dar, estaría bien que lo tuvieramos un poco más aclarado, porque realmente había bastante margen a la interpretación».