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El próximo 1 de enero entrará en vigor el nuevo impuesto al plástico no reutilizable, con el que tendrá que cumplir toda la cadena de valor y que se traducirá en Canarias en un sobrecoste para productores y distribuidores de entre 70 y 75 millones de euros. Solo el sector de la distribución, los supermercados deberán abonar entre 1,5 millones y 2 millones de euros, según indica el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández. A nivel nacional se calcula que la recaudación de este impuesto, que afecta a todo tipo de envases y embalajes vayan vacíos o conteniendo o manipulando mercancía, rondará los 1.800 millones de euros.
La nueva tasa sobre el plástico, de 0,45 euros por kilo de este material de un solo uso, amenaza con nuevos incrementos de los productos que deberá asumir el consumidor final. «Cualquier medida impositiva se traslada a toda la cadena de valor, por eso se habla de que va a haber un sobrecoste para todos», indica Fernández, cuando se le pregunta por el impacto que tendrá esta nueva tasa en los consumidores.
Todos los sectores han reclamado al Gobierno de España que retrase la implementación de esta tasa debido al momento económico actual, con la inflación disparada y la subida de costes generalizada. «No se pueden seguir sumando costes. No es el momento», indica Fernández.
Según indica, España debería seguir el ejemplo de Italia, donde el impuesto al plástico se ha retrasado al menos un año por la coyuntura económica. Ningún otro país de la Unión Europea lo va a implementar de momento, solo España, con grave perjuicio para empresas y consumidores.
En este sentido, a nivel nacional las organizaciones de los principales sectores de consumo, como Anged (con su patronal en las islas Asodiscan), Asaja, las cooperativas agroalimentrias, las marcas de restauración, la del textil Acotex, y la de Alimentación FIAB, han llamado al Gobierno a que apruebe esa moratoria para el impuesto que, en su opinión, amenaza el futuro de un gran número de empresas. «Tras la reciente decisión de Italia de aplazar la entrada en vigor de este gravamen España se queda sola en la introducción de un impuesto que no es obligatorio para los estados miembro y que supone añadir sobrecostes para las empresas en un contexto especialmente delicado», apuntan.
Las empresas aseguran que «van por delante» de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y que la mayoría de las empresas han adoptado ya medidas de rediseño y reducción de peso, entre otras cosas, para reducir el uso de este material en sus embalajes. Según apunta, las empresas han reducido un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado al tiempo que el 69% de lo que utilizan es reutilizable y un 35% procede de material reciclado.
En este sentido, Fernández destaca que precisamente sea España el único país que introduce este impuesto cuando es uno de los países europeos con mejores ratios de reciclaje, con un 51,4%, por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia o el conjunto de la media europea, con el 37,7%.
El secretario general de Asuican destaca además las dificultades que hay para poder cumplir con este impuesto puesto que aún el Gobierno no ha publicado ninguna orden con las indicaciones que lo desarrollen. «Estamos a 9 de diciembre (por el viernes) y aún no hay una orden ministerial que desarrolle este impuesto, lo que genera inseguridad jurídica», manifiesta Fernández, que asegura que aún no se sabe cómo cumplir con él y con su presentación en el primer trimestre del año. «Hay muchas cuestiones aún poco claras», indica Fernández.
El secretario general de Asuican considera que este impuesto lastrará la competitividad de las empresas españolas en sus exportaciones, puesto que España es el único país que aplica este impuesto. El resto de los sectores comparte esta visión. «Aunque el compromiso con el desarrollo sostenible es fundamental y firme, tomar la delantera europea en un contexto tan hostil puede restarnos competitividad frente a otros mercados y potenciar la desaceleración de nuestra economía», advierten las organizaciones de los principales sectores de consumo.
El secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican), Alonso Fernández, indica que a partir del 1 de enero no solo se introduce un nuevo impuesto al plástico sino que también se introducen novedades en cuanto a su uso. Así, una de las principales es que los consumidores podrán llevar sus propios táper al supermercado para que les pongan los productos que antes compraba en envases. «El comercio tiene cierta obligación de hacerlo aunque también entra el tema de la seguridad alimentaria», indica Fernández.
Dentro de las novedades, se encuentra también el que los establecimientos de más de 400 metros cuadrados están obligados a comercializar el 20% de sus productos de alimentación sin embalaje. La nueva normativa apunta, por ejemplo, que no se pondrá vender la fruta envasada salvo que sean más de un kilo y medio. «Esto es un problema porque habrá mucho producto que si no se vende envasada se puede dañar», indica Fernández, que pone como ejemplo las fresas.
El tique de venta también cambiará a partir del 1 de enero ya que tiene que aparecer desglosado debajo de cada producto el valor del plástico que lleva. «Llevamos tiempo trabajando en esto aunque es complejo desde el punto de vista informático», señala Fernández, que asegura que los sectores van a intentar cumplir con lo establecido en la normativa aunque «tiene sus dificultades». «Vamos a cumplir la ley como siempre hemos hecho pero podemos cometer errores por desconocimiento», señala.
Como explica, la norma en muchos aspectos es «ambigüa» y da lugar a interpretaciones. «Es muy compleja y dificulta el cumplimiento», agrega. «Se apunta en la norma a los vasos para bebidas destinados para consumo inmediato o para llevar, algo que dificulta saber a qué se refiere exactamente», concluye.
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