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El 23 de septiembre de 2019 el turoperador británico Thomas Cook se declaraba en quiebra y dejaba un enorme agujero a las empresas turísticas nacionales y canarias. Las cadenas hoteleras y extrahoteras se encontraron entonces con un doble problema, a los impagos del turoperador se sumaban las cuotas del IGIC abonadas a Hacienda de facturas que aún no habían cobrado del turoperador. En total en Canarias se estiman cinco millones de euros en concepto de IGIC.
Las administraciones tomaron sobre la marcha la decisión de devolver el IVA y el IGIC impagado a los empresarios, si bien, la medida chocaba con una normativa estatal que impedía esa devolución cuando la empresa concursada estaba fuera de España y requería de negociación.
En el año 2020 el Tribunal de Justicia Europeo emite un auto que sienta jurisprudencia y que confirma la devolución de las cuotas impagadas del IVA aunque el deudor concursado esté en otro estado miembro (entonces el Reino Unido aún formaba parte de Europa). Desde entonces los empresarios en península han ido presentado sus reclamaciones y se les ha ido abonando su dinero.
El problema en Canarias es que esa jurisprudencia no se podía aplicar directamente sobre el IGIC y se hacía necesaria una modificación de las normas que regulan este impuesto. En concreto se trata del artículo 22.8. 2º de la Ley 20/1991.
El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, negoció en el primer semestre de 2021 con el Ministerio de Hacienda esta modificación a instancia de los empresarios turísticos canarios y, aunque inicialmente hubo buenas palabras por parte de la ministra María Jesús Montero finalmente no prosperó.
Ante esta tesitura, Rodríguez decidió como solución presentar una enmienda a través de su formación política, Nueva Canarias (NC) a los Presupuestos Generales del Estado en la que reclamaba la devolución del IGIC a los empresarios de las islas.
La enmienda fue tumbada y las empresas canarias siguen hoy sin percibir su dinero en clara «desventaja» con los empresarios peninsulares que ya están recibiendo o han percibido ya su dinero por el IVA impagado.
La presidenta de la patronal turística de Lanzarote, Asolan, Susana Pérez, que ha sido la abanderada de esta lucha al ser sobre todo empresas de esta isla y de Tenerife las más afectadas por la quiebra de Thomas Cook, reclama una «rápida respuesta» al Gobierno de Canarias y de España. «Llevamos dos años esperando por ese dinero. Entendemos que ha venido la covid y que ha habido otras medidas que había que implementar con urgencia pero reclamamos que se actúe con celeridad y podamos recibir un dinero que vendría muy bien a establecimientos que llevan dos años de parón turístico», señala Pérez, que critica que se pongan pegas a esta modificación normativa que genera un agravio comparativo de los canarios frente a los peninsulares.
La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez, apunta la necesidad de que el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, «siga empujando» para conseguir la modificación fiscal aunque la decisión «esté en el tejado del Ministerio».
En este punto, Pérez recuerda que tras dos años de covid las empresas del sector atraviesan problemas de liquidez y que el dinero del IGIC por la quiebra de Thomas Cook les vendría muy bien. «Puede haber complejos que solo sean 10.000 euros pero hay otros que son 100.000 y ahora el sector está muy necesitado de dinero», indica Pérez, que apunta que el sector está «indignado» con esta situación.
El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Tom Smulders, confía en que se busque una solución de forma rápida. «Cuando se quiere se busca debajo de las piedras», indica. Según señala, los empresarios del sector viven una auténtica debacle económica, primero por la quiebra de Thomas Cook y después con la covid. En este punto, demanda a la Agencia Tributaria flexibilidad en los pagos del IGIC, ya que las empresas del sector deben pagar muchas veces sin haber cobrado de los turoperadores. «La situación es delicada y pagar vamos a pagar pero deberían ser más flexibles», apostilla.
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