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José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria
Los municipios turísticos canarios tratarán de acordar en la 1ª Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias que se celebra esta semana en Tenerife una posición común que recoja sus propuestas para regular el alquiler vacacional. Estos ayuntamientos intentarán que esta postura sea recogidas en el proyecto de decreto con el que el Gobierno canario pretende «garantizar la compatibilidad de esta actividad con el modelo turístico tradicional y el derecho de los residentes a acceder al mercado de la vivienda».
La conferencia esta organizada por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, formada por los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana.
El vicepresidente de la Asociación y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y José Julián Mena, alcalde de Arona, recordaron ayer en rueda de prensa que en Canarias hay dieciséis municipios turísticos, de los que doce van a participar en la conferencia. Los ediles recalcaron que su objetivo es que en este foro se acuerde una interlocución única sobre planificación, propuestas y actuaciones en la política turística que será recogida en declaración final.
En una de las mesas de trabajo se intentará consensuar una posición común ante el borrador de decreto de alquiler vacacional que ha hecho público el Gobierno de Canarias, en el que se prohíbe esta modalidad en las áreas turísticas salvo que cabildos y ayuntamientos decidan lo contrario en su planeamiento.
«Pretendemos una postura de consenso para que en Canarias podamos tener un decreto diferente al que tenemos como borrador, a ver si somos capaces de una aportación común para no encontrarnos con una situación con siete cabildos y 88 municipios que pueden actuar conforme a su planeamiento», dijo Marco Aurelio Pérez.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana ha expresado ya su rechazo a la prohibición de la actividad en el suelo residencial de las zonas turísticas, y a que sean los ayuntamientos y cabildos los que determinen las excepciones a esta norma, tal y como plantea el proyecto regulador. Considera que esta imposición generará una «gran incertidumbre jurídica», y que «bloqueará el desarrollo de esta modalidad de alojamiento». El Gobierno de Canarias prevé abrir a finales de este mes el periodo de información pública del borrador de decreto que sustituirá al aprobado en mayo de 2015, y confía en que entre en vigor a finales de este año 2018.
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