Los empresarios de Tenerife denuncian los retrasos de la Ley del Suelo

21/04/2019

Consideran que las corporaciones municipales no estaban preparadas para llevar a cabo el papel que les atribuye la ley, de tal forma que lejos de agilizarse o simplificarse la tramitación de los expedientes se está ralentizando de manera extrema.

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El Círculo de Empresarios y Profesionales de Tenerife (CEST) ha advertido este domingo sobre los problemas que a su juicio genera la Ley del Suelo en la tramitación de proyectos y solicitudes de licencias de obras, pues el déficit de técnicos provoca retrasos e inseguridad jurídica.

Según indica el CEST en un comunicado se ha confirmado lo que los empresarios denunciaron en su momento respecto a que los ayuntamientos no cuentan con recursos humanos y técnicos suficientes para dar respuesta en un plazo razonable a las propuestas que reciben por parte de emprendedores que pretenden iniciar una actividad empresarial o de empresas ya establecidas en los distintos municipios.

Empresarios y profesionales afirman que si bien los objetivos y metas que se definen en la Ley del Suelo son los adecuados, en la práctica se ha puesto de manifiesto que las corporaciones municipales no estaban preparadas para llevar a cabo el papel que les atribuye la citada ley, de tal forma que lejos de agilizarse o simplificarse la tramitación de los expedientes se está ralentizando de manera extrema.

Los retrasos están generando desinversión, pérdida de oportunidades, proyectos de reforma y falta de creación de empleo

A juicio de los empresarios, se ha puesto de relieve la incapacidad de las administraciones para crear los denominados órganos ambientales recogidos por la Ley en el traspaso de competencias.

Ello ha provocado, aseguran, una situación que ha desembocado en que los problemas de lentitud y maraña administrativa no solo no se hayan resuelto, sino que en muchos casos han empeorado, teniendo que firmar cada Administración convenios para informar los proyectos con otras administraciones, cabildos o el Gobierno de Canarias.

Desde el CEST se denuncia que la interpretación que está haciéndose de la Ley por parte de muchas administraciones locales es restrictiva y se aleja del espíritu que la inspiró.

Muchos ayuntamientos siguen sin contar con la información y la formación necesaria sobre la referida norma, generándose en un sinfín de ocasiones dudas jurídicas que han incrementado los perjuicios a emprendedores y empresas ya establecidas, añade.

El Círculo de Empresarios advierte de que no se han reforzado técnicamente los equipos de técnicos municipales, lo que meses después de la entrada en vigor de la Ley se ha traducido en un paso atrás en el día a día de las gestiones ante la administración ahora competente.

Los empresarios recalcan que, a pesar de los problemas que está afrontando en su desarrollo y los primeros 18 meses de existencia, la Ley del Suelo ha sido una iniciativa positiva, que sobre el papel aporta elementos que deben ayudar a agilizar los pasos que deben darse ante la Administración ahora competente.

Sin embargo, desde el CEST se lamenta que en este año y medio lejos de alcanzarse los objetivos perseguidos la situación hayan empeorado de manera significativa y enormemente preocupante.

Creen empresarios y profesionales que la Ley no está consiguiendo de momento los resultados esperados, situando los principales obstáculos en la falta de capacidad de algunas corporaciones para crear los órganos medioambientales y en la confusión de los funcionarios responsables y encargados de dar respuesta a propuestas y solicitudes.

El CEST considera igualmente grave la inseguridad jurídica con la que se ven obligados a trabajar, incertidumbres que a su juicio han tenido ejemplos muy relevantes con la anulación de tres planes generales de ordenación y un plan municipal de modernización como el de Adeje.

Además de llamar la atención sobre la antigüedad de algunos planes generales de ordenación, entienden que de lo ocurrido deben extraerse conclusiones y responsabilidades, dados los incalculables perjuicios que están causándose en momentos especialmente delicados para la economía.

Denuncian los empresarios que los retrasos en las tramitaciones y la inseguridad jurídica está generando desinversión, pérdida de muchas oportunidades, proyectos de reforma de muchos establecimientos y, en consecuencia, que están dejándose de generar miles de puestos de trabajo para obras y actividades ligadas a cada proyecto.