Se aplicó el 25 de mayo

Las pymes canarias, más expuestas a la nueva ley de protección de datos

27/05/2018

Canarias será una de las comunidades españolas donde más impacto tenga el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, más conocido por sus siglas en inglés GDPR, que entró en vigor el viernes, 25 de mayo para actualizar la legislación europea sobre la materia y, en definitiva, dar al usuario más información y capacidad de decisión sobre quién tiene o qué hace con sus datos.

El archipiélago ocupa una posición destacada (dos puntos por encima de la media nacional) entre las comunidades con un mayor uso diario de internet, lo que también genera una mayor exposición de los residentes en las islas a la utilización de información sensible de gran interés para las empresas.

Ya en 2016, un 90% de la población accedía habitualmente a internet empleando un teléfono móvil para ello, según el informe eCanarias del Gobierno regional. El estudio también sitúa a Canarias como la séptima comunidad autónoma con mayor grado de confianza en internet.

Además, en 2017, un total de 613.03 viviendas disponían en Canarias de acceso a Internet y declaran las formas de conexión utilizadas, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, TIC-H 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El RGPD permite que un afectado por la captación y el uso de datos personales de forma ilegítima acuda directamente a un juzgado para reclamar una indemnización a la empresa infractora. Y las multas a las que se puede enfrentar una administración publica o una empresa son cuantiosas: hasta 10 millones de euros (o un 2% de la facturación anual si es superior a esa cifra) para los incumplimientos leves y hasta 20 millones de euros (o un 4% de la facturación anual) para los graves.

La UE ha dado un margen de adaptación de dos años, aunque desde la patronal destacan la dificultad añadida que supone para el tejido empresarial canario cumplir con sus exigencias en una comunidad.

«Estamos hablando de un entorno marcado por un gran volumen de empresas de tamaño pequeño y mediano, y por tanto, con menos recursos», recuerda el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara.

De ahí que la patronal de la provincia oriental haya emprendido una campaña informativa que ha incluido cursos formativos en los últimos meses, de la mano de la Agencia de Protección de datos, para trasladar sobre todo a las pymes las herramientas de las que disponen para cumplir con esta ley de rango europeo». «Hay que trasladar a los empresarios que el RGPD, nos guste o no, es de obligado cumplimiento», insiste.

El reglamento intenta evitar que se repitan situaciones similares a la que generó el escándalo de Cambridge Analytica, una empresa británica que utilizó sin consentimiento datos de 87 millones de clientes de Facebook.