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José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria
Los sobrecostes derivados de la ultraperiferia para el sector privado canario ascendieron a 5.228 millones de euros en 2016, cifra que supone el 8% de la facturación empresarial. Es la principal conclusión del estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias presentado ayer en Tenerife por el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo.
El estudio encomendado ala UTE ECO-CoRe por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, certifica que la losa más pesada que soporta el sector privado canario es el transporte de mercancías, que generó en las islas 2.860 millones de euros de sobrecoste en 2016, casi el 55% del total de 5.228 millones de peaje que pagan las empresas por operar en este territorio español alejado y fragmentado.
También es alto el precio que pagan por capacidad productiva ociosa: la infrautilización de las instalaciones debido a lo reducido del mercado isleño provocó un sobrecoste de 630 millones (el 12,1% del total). A esta cifra se añaden otros 575 millones de costes extraordinarios por la necesidad de las empresas de contar con instalaciones múltiples para atender a la insularidad.
La industria es el sector más afectado –en términos relativos– por los sobrecostes derivados de la ultraperificidad, que se cuantifican en 888,7 millones de euros, el 29,7% de su facturación. Le siguen el sector primario (147,7 millones, equivalente al 18% de la facturación de este sector) y el comercio (2.773,6 millones, el 10,5% de su facturación).
Los sobrecostes crecen en las empresas de menor dimensión, lo que evidencia una menor capacidad de absorberlos al reducirse el volumen de actividad, según el estudio, que se basa en una encuesta en la que participaron 2.805 empresas.
En concreto, el sobrecoste supone el 4,8% de la facturación de las grandes empresas (250 o más asalariados), el 8% de la facturación de las empresas de 10 a 249 asalariados y el 11,3% de la facturación correspondiente a las microempresas (1-9 asalariados).
Clavijo aprovechó ayer la ocasión para exigir al Gobierno central que cumpla con los preceptos del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario y el nuevo Estatuto de Autonomía, que contemplan medidas para subsanar estas desventajas competitivas respecto al territorio peninsular.
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