Las autoescuelas calculan 4.800 afectados por la huelga

En la rueda de prensa Javier Báez afirmó que si no se soluciona el conflicto, una solución sería delegar a las comunidades autónomas la competencia para examinar de conducción, mientras que José Suárez aseveró que las autoescuelas canarias cifraban en unos 13.000 alumnos los registrados este año y se han encontrado por el contrario con una reducción de matrículas en un 60 por ciento.

El diputado socialista Gustavo Matos dijo que la situación es "extremadamente grave" y por ello su grupo ha decidido actuar, por lo que presentará una proposición no de ley en el Parlamento regional para instar al Gobierno central a que resuelva el conflicto con los examinadores de tráfico.

Este conflicto, recordó, "nace" con el Ejecutivo central, que se comprometió a dotar a la plantilla de examinadores de un complemento retributivo que no ha consignado, y este incumplimiento, añadió, ha desencadenado "un colapso" en los exámenes para un servicio público que no es gratuito, pues hay que abonar una tasa de 91,20 euros.

Javier Báez afirmó que hay personas que se están viendo incapacitadas para acceder a una oposición o a un puesto de trabajo por no tener el permiso de conducir y dijo que en Santa Cruz de Tenerife el seguimiento de la huelga ha pasado de un 90 por ciento en sus inicios, a partir del 19 de junio, hasta el cien por cien en la jornada de hoy, última del conflicto.

Sin embargo, añadió, los examinadores no descartan que la huelga sea indefinida a partir del 4 de septiembre y aseveró que en la provincia se ha pasado de 25 examinadores en su tiempo a los once que quedarán a final de año tras varias jubilaciones.

La huelga ha imposibilitado que se presenten al examen de conducir en Santa Cruz de Tenerife unas 2.500 personas, agregó Báez.

En la provincia de Las Palmas hay 17 examinadores y lo ideal sería contar con tres más, igual que en Santa Cruz de Tenerife, pues nunca trabajan todos al mismo tiempo debido a las vacaciones y las bajas, puntualizó José Suárez.

"La situación se ha convertido en un caos", dijo Suárez, quien detalló que en Las Palmas el seguimiento ha sido del 80 por ciento y ha afectado a unas 2.300 personas.

Es una "barbaridad" que no puedan examinarse pese a haber pagado las tasas y mientras tanto las autoescuelas "nos estamos hundiendo" como "rehenes" de una situación de la que no tienen culpa, advirtió Suárez, quien insistió en el "fuerte daño" que se inflige a un sector que genera unos mil empleos en el archipiélago.

Respecto a la propuesta de la Dirección General de Tráfico de que sean militares los encargados de examinar, los representantes de las autoescuelas recordaron que en todo caso habrá que prepararlos para esta prueba y mientras tanto ya hay "un embudo" de personas en espera.

En cuanto a que las comunidades autónomas asuman esta función, el diputado socialista Gustavo Matos afirmó que esta propuesta "requiere una pensada" aunque no la descarta, pero en todo caso precisó que sería una solución a medio o largo plazo debido al trámite que conlleva un traspaso de competencias y lo cierto es que el problema se reanuda a partir del 4 de septiembre si la huelga se convierte en indefinida.