La vuelta al trabajo de los funcionarios será gradual, por turnos y con flexibilidad horaria

Las oficinas de atención al público tendrán un aforo limitado y contarán con barreras físicas, según las medidas de prevención dictadas por el Ministerio que los sindicatos tildan de «insuficientes»

LUCÍA PALACIOS / MADRID

La vuelta al trabajo de los funcionarios también será «gradual y progresiva», en línea con el plan de desescalada que está diseñando el Gobierno con los grupos parlamentarios, agentes sociales y comunidades autónomas una vez se levante el estado de alarma a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Pero en este caso el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se ha adelantado y publicó este miércoles una guía en la que define cómo debe ser la reincorporación -que todavía no tiene fecha- de los más de 200.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), de los cuales más del 60% está teletrabajando desde sus casas.

En este documento se establecen distintas fases para que el retorno presencial a sus centros de trabajo en las que se tendrán en cuenta tanto las necesidades del servicio como la existencia de los colectivos clasificados como vulnerables, que estarán exentos de volver en una primera etapa. Se incluye aquí a los mayores de 60 años, embarazadas o personas con enfermedades crónicas, como diabetes o cáncer, entre otras patologías.

El Ministerio también considera «necesario» que, hasta que se llegue a una situación de normalidad, los horarios, tanto de entrada como de salida, sean flexibles, al mismo tiempo que recomienda establecer turnos para escalonar la presencia física de los empleados públicos «para evitar aglomeraciones». Pero en paralelo se mantendrá la posibilidad de realizar el teletrabajo, una modalidad que -sostienen- será objeto de regulación en un momento posterior.

Asimismo, la guía insta a limitar el aforo de las oficinas de atención al público, que deberán establecer cita previa siempre que sea posible, así como disponer de las mismas medidas de protección que se contemplen en el uso de zonas comunes. En este sentido, recomienda levantar barreras físicas para evitar el contacto. Igualmente, establece mantener los dos metros de distancia recomendados en los puestos de trabajo administrativos o de oficina «con baja probabilidad de exposición» o bien disponer de barreras físicas para evitar el contacto.

Medidas «insuficientes»

Los sindicatos denuncian que se trata de medidas «insuficientes» para garantizar la salud de los funcionarios y piden que, antes de su reincorporación, se les realicen los tests de detección del coronavirus y se les dote de materiales de protección para evitar el contagio, como guantes y mascarillas.

Así, CC OO considera que el documento planteado por Función Pública, que se ha aprobado sin consenso con las organizaciones de los trabajadores, «no garantiza la seguridad y la salud del personal y pone en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público».

En esta misma línea se manifiesta CSIF, que sostiene que «el Gobierno da instrucciones para la vuelta al trabajo en la Administración General del Estado sin suficientes garantías sanitarias para ciudadanos ni empleados públicos ni criterios precisos de organización ante la desescalada». Por tanto, exige que se haga el test del coronavirus a todo el personal y se les garantice la dotación de guantes y mascarillas. Asimismo, el sindicato considera imprescindible la instalación de mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a la entrada de los organismos, así como de los EPIs para el personal que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos.