La Justicia investiga a Luis Ibarra por los presuntos delitos de prevaricación, calumnias y acoso laboral

El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas ha admitido a trámite una querella presentada por la jefa de Dominio Público (E.M) contra el expresidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, el actual director del Puerto, Francisco Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez, a los que acusa de los presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, calumnias e injurias con publicidad, contra la integridad moral, lesiones y acoso laboral.

Los hechos se remontan a mayo del año 2022, cuando E.M, que lleva trabajando en la Autoridad Portuaria desde 1996 y ha ejercido durante más de 13 años como jefa del departamento de Dominio Público, recibe las indicaciones del director del Puerto para cambiar el sentido de un informe oficial remitido al Puerto por una consultoría externa que prestaba servicios a la Autoridad Portuaria y en el que se pronunciaba en contra de ampliar el plazo concesional a la empresa Terminales Canarios. Según consta en la querella, el mismo día que le llegó el informe Trujillo indicó a E.M que el presidente del Puerto «quería» otorgar la ampliación del plazo y le instó a cambiar el sentido del informe, a lo que E.M se negó al entender que era una decisión contraria a derecho.

Días después, el expresidente Luis Ibarra llamó a su despacho a la jefa de Dominio Público, y como reza en la querella, la amenazó y le dijo que «tenía dos opciones»: o cambiar el sentido del informe o bien, dimitir. Además, Ibarra le indicó que si se seguía oponiéndose a lo que se le decía se encargaría de que la prensa volviera a sacar las noticias publicadas tres años antes y referidas a una querella que presentó contra ella un exsocio de su pareja por presunto trato de favor. A pesar de que la Justicia había zanjado este asunto y había concluido que E.M había tenido una conducta «intachable e irreprochable» en el ejercicio de su cargo público como jefa de Dominio Público, ésta teme que Ibarra, como efectivamente hizo después, utilizara este asunto para apartarla del departamento.

Al poco, E.M empieza a sufrir las consecuencias de no modificar el sentido del informe para la prórroga a la empresa mencionada anteriormente. A principios de 2023, E.M recibe un burofax del presidente del Puerto en el que se se comunica un recorte de su sueldo mensual por valor de casi 350 euros motivándolo en su cese como secretaria del Patronato de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, cuya presidencia ostentaba Ibarra.

Esa disminución de sueldo no tiene fundamento, según apunta la querella, debido a que es un cargo «gratuito» y no vinculado a ingresos. Como reza en la querella, esta decisión de Ibarra solo formó parte de la «estrategia clara y decidida para seguir presionando» a E.M y forzar su dimisión como jefa de Dominio Público. De hecho, meses después y ante una demanda laboral interpuesta por E.M contra Ibarra y la jefa de Recursos Humanos sobre esta bajada de suelto supuestamente ilegal, la Autoridad Portuaria reconoce su nulidad y decide abonar a E.M todo el dinero detraído mensualmente (casi 2.000 euros) además de pagar 4.000 euros como indemnización compensatoria al haberse vulnerado sus derechos fundamentales.

Tras el recorte de sueldo, cuatro meses después Ibarra decide apartar unilateralmente a E.M como jefa de Dominio Público y con la colaboración de Trujillo y Rodríguez, al formalizar una resolución inaudita degradándola de categoría. E.M pasa a ser jefa de división de Asesoría Jurídica.

En medio, quince días antes, E.M anticipando que las cosas se le podrían complicar en el seno del Puerto había decidido, al amparo de la ley recién estrenada y que ampara a los denunciantes de infracciones normativas y lucha contra la corrupción, informar y solicitar la investigación sobre el cambio de sentido de la prórroga de plazo concesional que se tramitaba con la empresa petrolífera Terminales Canarios «por si pudiera constituir un acto de corrupción». También solicitó expresamente la salvaguarda de su anonimato y la protección ante represalias. Ibarra, según consta en la querella, no acusó recibo de la comunicación ni hizo nada respecto a la denuncia pero días después opta por degradar de categoría y departamento a E.M. «Estamos ante una resolución arbitraria y contraria a Derecho que busca imponer la fraudulenta voluntad de los querellados y ejecutar una represalia contra la querellante», reza en la demanda.

En ella se recoge cómo Ibarra llevó el cambio de organigrama del Puerto al consejo de administración, con posterioridad a haber notificado todas las resoluciones anteriores a E.M, y cómo Ibarra «intento confundir a los consejeros», convenciéndoles de la necesidad del cambio de categoría y departamento de E.M por la sospecha de trato de favor a su marido, si bien la Justicia, como se indicó anteriormente, hacia dos años que había archivado la causa y determinado que E.M había actuado correctamente en todo momento. Además Ibarra omitió en todo momento que se le estaba bajando de categoría. Tanto Ibarra como el director y la jefa de Recursos Humanos, que fue llamada a intervenir en el citado consejo, ante las dudas planteadas por algunos miembros, justificaron el cambio por «causas organizativas» cuando en realidad y según recoge la querella, «se trataba de una decisión ilícita y arbitraria» con el único objetivo de apartar a E.M de Dominio Público.

La querella recoge las declaraciones de Ibarra en la rueda de prensa posterior a quel consejo y en varias entrevistas dadas a aquellos días a distintos medios de comunicación y en las que «menoscaba el honor, la intimidad y el crédito y prestigio social de E.M» al insistir en el trato de favor a su pareja «y restar valor a la decisión del Juzgado», que había archivado el asunto. En la querella se argumenta cómo E.M, que había interpuesto demandas laborales en dos juzgados de los Social previamente contra Ibarra, el director y la jefa de Recursos Humanos, decide cerrarlas aceptando acuerdos con las partes debido al momento de saturación mental en el que estaba por todo lo vivido y creyendo que así cesarían las presiones.

Al no ocurrir y entender que lo que había ocurrido podía tener una «dimensión delictiva» E.M decidió plantear la querella penal, que ahora ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas al entender que los hechos denunciados pueden haber sido constitutivos de delitos de prevaricación, calumnias, injurias, delitos contra la integridad moral, y acoso, entre otros.

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