Arcadio Suárez

Nos jugamos el futuro de 15.000 familias

Pero lo cierto es que, un año más tarde de su entrada en vigor, ¿en qué ha quedado esta 'promesa'?

Se manifiesta con cierta desesperación el sector platanero desde el pasado mes de noviembre, ante la imposibilidad de hacer ver una verdad irremediable. España forma parte de un mercado único europeo, en el que los precios de los productos los marca un mercado libre y regido por las leyes de la oferta y demanda. Y, ante esta realidad, nada pueden hacer los reales decretos ni leyes nacionales, sin capacidad para hacerlos cumplir, además, a productos y operadores de banana que acuden al mercado español con prácticas de derribo frente al plátano nacional con total impunidad desde hace décadas.

Asistimos, sin embargo, atónitos a quienes hacen soñar a los agricultores plataneros con que seremos capaces de cobrar por nuestro producto, lo que nos cueste producirlo y no lo que el mercado esté dispuesto a pagar por él. Mucho cuidado con lo que se promete, porque tarde o temprano los agricultores mirarán a esas mismas personas preguntándose qué fue de aquello del precio por encima de los costes.

Aunque en este caso, la ventaja es que no hay que esperar a ningún futurible para contrastar que la promesa del precio que cubre los costes efectivos de producción, en el caso del plátano de Canarias, es simplemente, imposible de cumplir.

Un real decreto-ley entró en vigor el pasado mes de marzo de 2020 anunciando que, por fin, los agricultores recibiríamos por ley un pago equivalente a lo que nos cuesta nuestra producción. Una máxima que, de cumplirse en la realidad, haría incluso irrelevantes los miles de millones de euros que la UE ha destinado durante décadas a soportar la agricultura de todo el continente.

Pero lo cierto es que, un año más tarde de su entrada en vigor, ¿en qué ha quedado esta 'promesa'? Si atendemos al caso del plátano de Canarias, el cumplimiento de la ley desde marzo a diciembre del año 2020 debía haber supuesto unos ingresos adicionales aproximados de más de 50 millones de euros a las organizaciones de productores por la venta de plátanos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se cumple la ley en vigor? ¿A qué ventanilla de la Administración deben acudir los productores para reclamar su parte? La verdad es que ese dinero nunca existió, porque el mercado, libre y testarudo, simplemente nunca lo pagó. Porque los productores buscamos siempre el mejor precio posible, pero el precio lo marca el mercado y, en el nuestro, la banana se vende a mitad de precio que el plátano.

Evidentemente en este tiempo el sector ha seguido funcionando ya que nos es imposible asumir, que al tener que cumplir la ley de cadena alimentaria, tuviésemos que renunciar a vender hasta 70 millones de kilogramos de plátano en operaciones que en el año 2020 no cumplieron los preceptos de precio de la ley de cadena. Para nosotros vender a pérdidas una parte de nuestra producción nunca es un objetivo, pero sí una necesidad para defendernos con importaciones de grandes multinacionales de banana que actúan dispuestas a hundir nuestra producción todos los días del año. Puedes obligar a un precio pero no a que te compren.

El grave problema claro, es que no queremos ni podemos incumplir la ley pues con ello, además, los productores se arriesgan ya a sanciones millonarias acumuladas. Es decir, ni podemos dejar de vender, ni podemos hacerlo sin resultar sancionados, ambas vías nos conducen a la ruina. Una encrucijada sin salida ante la que, como indicaba ayer mismo el presidente del Gobierno de Canarias, «debe buscarse una solución». Añadiría que urgente y vía legislativa.

Los agricultores plataneros necesitamos soluciones realistas y con plena seguridad jurídica, pues son hoy más de 15.000 las familias las que dependen de nuestra actividad en Canarias. La excepcionalidad a la Ley de Cadena Alimentaria, que se solicita hoy apoyar al Parlamento de Canarias, es la única que nos da garantías para continuar luchando.