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El juez de lo Mercantil número 2 de Las Palmas, Guillermo Fernández García, autorizó ayer «la extinción y suspensión de los contratos laborales» de 261 trabajadores de la industria canaria JSP (en concurso de acreedores), según reza en el auto judicial.
Con este auto el juez ratifica el acuerdo para el ERE alcanzado entre las partes, empresa y representantes de los trabajadores, el pasado 4 de enero y que supone el mayor de la historia de Canarias. Inicialmente iban a ser 276 los trabajadores afectados pero se han producido bajas, lo que deja el expediente en 261. Siguen en la empresa 150 personas.
Contra la resolución del juez cabe recurso de suplicación pero no habrá sorpresas debido a que el ERE ha llegado al juzgado con acuerdo con la plantilla.
El juez ha actuado con gran celeridad. La Autoridad Laboral, que debía ratificar el ERE previamente, lo hizo ayer mismo y, pocas horas después de que su informe entrara en el Juzgado de lo Mercantil, Fernández García notificaba su auto pese a disponer legalmente de un plazo de cinco días. «En el informe emitido por la autoridad laboral y el resto de datos (...) permiten constatar que no ha habido dolo, abuso de derecho, fraude o coacción en el proceso de negociación», argumenta el juez en su auto.
Además de notificarse ayer el auto a las partes también se informó al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para aligerar los pagos a los trabajadores afectados.
En el informe de la Autoridad Laboral y emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas,se argumenta lo mismo que el juez para dar el visto bueno al ERE, en el sentido de que no ha habido fraude, ni dolo, ni coación o abuso para llegar al acuerdo.
La Autoridad Laboral, según recoge en su informe, ha llevado a cabo un análisis profundo de la situación de JSP, sus cuentas anuales y su situación financiera. Además ha tenido en cuenta sus pérdidas y el plan de viabilidad que se proyecta a futuro para ratificar la extinción de los contratos.
La Autoridad Laboral también mantuvo una entrevista con los representantes de los trabajadores el pasado 4 de febrero y en la que, a preguntas de la Inspectora de Trabajo Natalia García, todos aseguraron haber recibido toda la documentación por parte de la empresa, reconocido que la situación de la mercantil (en cuanto a su déficit) era «real» y asegurado que no recibieron amenazas o coacciones para firmar el pacto del ERE.
Tras este paso se abre una nueva etapa en JSP con la entrada de un nuevo inversor que tratará de reactivar esta industria. Su plan de viabilidad prevé pérdidas este año pero confía en obtener 1,8 millones de beneficio en 2023. Para 2024 se estiman 2,8 millones de euros de ganancias. De 530 referencias que tenía se pasará a 50.
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