La industria canaria empieza a subir los precios hasta un 20% por el fuerte alza de costes

El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Virgilio Correa, asegura que los alzas varían según el producto y la materia prima con la que se elabore. «Algunos apenas han variado poco pero en otros no ha quedado más remedio que subirlos porque se ha disparado su materia prima», indica Correa, que apunta que el sector lleva soportando alzas de las materias primas desde el confinamiento del año 2020. «A partir de ahí todo empezó a subir y lo asumimos pero ahora ya es imposible seguir soportando. El sector no puede más. Es inasumible», indica.

Y es que al encarecimiento de las materias primas se suma la subida de la luz, que casi se ha triplicado; el alza de los fletes (un contenedor desde Asia pasó de 1.500 a 18.000 euros y el de península se ha duplicado), de los plásticos, de los envases, de los puntos verde... y un largo etcétera que hace inasumible el negocio sin aplicar alzas.

En el mismo sentido, se expresa Pedro Ortega, el director general de Pastas La Isleña, una de las principales empresas del sector agroalimentario de Canarias y que se encarga de elaborar uno de los productos de más demanda. «Llevamos un año de pena. Nunca antes se dio una situación así en la que todo sube al mismo tiempo y no hay manera de poder compensar las subidas de unos costes con otros», señala.

Según explica, las industrias llevan desde el 2020 asumiendo los incrementos a costa de «sacrificar el margen» bajo la creencia de que el alza era coyuntural. Sin embargo, pasado año y medio la situación para el sector es insostenible y obliga a aplicar subidas. «Llevamos meses pagando el doble por la materia prima de un producto, como es la pasta, en la que el 100% es la sémola de trigo», explica Ortega, que apostilla que, si no subes algo un producto tan barato como es la pasta, «te mueres». «Todos estamos intentando cerrar contratos a medio plazo a un precio pero la situación está muy tensa», señala porque, como indica, a lo que había se ha sumado la guerra.

El director general de La Isleña destaca que en el caso de la industria de Canarias el problema actual se agrava frente a otras empresas, como las peninsulares, por la lejanía y las peculiaridades del mercado isleño. «La ultraperiferia es un inconveniente añadido. En las islas tenemos que tener un stock garantizado para evitar situaciones como la vivida hace unas semanas con la huelga del transporte de la península. Aprovisionar más y tener más inmovilizado implica mayores costes financieros», explica. Según señala, en su caso las reservas de materia prima son para tres meses y eso «cuesta dinero». «Las islas son un mercado residual y todo cuesta más», agrega.

En su caso, la empresa estuvo cuatro semanas sin recibir la materia prima de península. «Llegamos al límite pero no dejamos de vender pasta ni fallar a nadie», advierte.

El presidente de Asinca, Virgilio Correa, coincide con Ortega en el análisis y apunta que la huelga del transporte en la península hizo un gran daño a la industria, que aún arrastra sus efectos. «Del 14 de marzo al 30 no salió nada de península y lo que no ha salido en quince días no se puede recibir en solo tres días porque tienen que entrar los nuevos pedidos con lo que quedó atrás», señala. Ortega califica de «disparate» la situación de subidas generalizadas que se está dando actualmente a nivel mundial.

Las industrias canarias no han implementado la práctica de la reduflación, consistente en reducir el contenido o cantidad de los envases al fin de minimizar la subida de los precios y que el consumidor note menos el alza.

Esta práctica, habitual en coyunturas de aumento de costes, ha sido puesta en marcha por numerosas industrias a nivel nacional como Danone, Pastas Gallo, Cola Cao y Pescanova, según ha denunciado la OCU. Sin embargo, como apunta el presidente de Asinca, Virgilio Correa, no hay constancia de industrias canarias que lo hayan hecho.

En este sentido, el director general de Pastas La Isleña, Pedro Ortega, apunta que aplicar la reduflación supone renovar y cambiar los envases para informar del contenido del producto con el consiguiente sobrecoste para los industriales. «También tiene un coste para nosotros», indica.

Tanto Correa como Ortega reseñan que la práctica no es ilegal puesto que en el etiquetado se informa al consumidor de la cantidad del producto y no hay ningún engaño.

Correa considera que este tipo de prácticas se ha implementado sobre todo en los llamados 'productos impulso' que son aquellos que el reclamo es el precio. Según explica, la reduflación se ha aplicado sobre todo en aquellos productos que tiene un precio de un euro o similar y que, con la subida, pasarían a costar 1,20 euros o 1,30 euros. «Al fin de mantener el mismo precio de un euro se reduce la cantidad que contienen y el consumidor sigue comprando al precio reclamo de un euro», dice.