Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez. / R. C.

Iberdrola demanda a ACS por competencia desleal

La eléctrica lleva a los juzgados de lo mercantil un «acto denigratorio» orquestado presuntamente por la constructora de Florentino Pérez para debilitar a Sánchez Galán

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el 'caso Villarejo' vino acompañada de unas declaraciones en las que se quejaba del «daño reputacional» que le estaban generando las filtraciones sobre este asunto. En concreto, afirmó, «llevamos tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación». Una campaña de desprestigio, a su juicio, que ha sido planificada para debilitar a la dirección de la multinacional eléctrica.

Una semana después del auto que le cita como investigado en el juzgado de la Audiencia Nacional, Iberdrola ha puesto nombre al presunto autor intectual de este plan contra la compañía, en general, y contra Sánchez Galán en particular. La eléctrica ha presentado una demandado contra la constructora ACS en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid por competencia desleal. El motivo que alude es la puesta en marcha de actos de denigración en relación a una filtración relativa al 'caso Villarejo', que los servicios jurídicos de la energética consideran «malintencionada».

Iberdrola solicita que la compañía presidida por Florentino Pérez sea condenada a reconocer que filtró a 'El Confidencial' el pasado mes de febrero, a dos días de la presentación de resultados, que emprendería acciones judiciales por un importe millonario contra Iberdrola, como persona jurídica, si era imputada en el 'caso Villarejo'. Un asunto, precisamente, sobre el que debe pronunciarse ahora la Fiscalía Anticorrupción a petición del juez instructor, Manuel García Castellón.

Según fuentes jurídicas, la demanda reclama que la constructora asuma que aquello fue un «acto de denigración» y sea obligada a «cesar en todo acto que pueda suponer un perjuicio a la reputación de Iberdrola». «El acto denigratorio de un competidor supone otorgar al mercado una información que altera la libre y leal concurrencia entre dos competidores, por tanto, cuando ACS difunde la noticia objeto de esta demanda está realizando un acto contrario a la previsión legal», asegura.

Daño directo

Para los demandantes, la publicación causó un «daño directo, derivado de la necesidad de ejecutar acciones correctivas para explicar la situación a los agentes del mercado» y otro «indirecto, al afectar el valor de la compañía» con un perjuicio económico «que puede materializarse en la pérdida de proyectos beneficiosos, dificultades para acceder a capital o un endurecimiento de las condiciones financieras».

A lo largo de 45 páginas de demanda, de momento no hay una petición de resarcimiento económico, aunque Iberdrola se reserva el derecho de emprender un segundo pleito instando a esta vía. Para ello argumenta que «no se puede cuantificar la indemnización a día de hoy» porque «la demandada no ha cesado en su conducta desleal» y, así, «resulta imposible determinar el alcance del daño que está ocasionando».

El desencuentro entre ambas empresas del Ibex-35 también ha tenido lugar en el 'caso Villarejo'. Uno de los proyectos encargados a la empresa del comisario jubilado que investiga el juez, y que supuso la imputación de Sánchez Galán y de otros directivos de Iberdrola, versa sobre los trabajos para investigar a Florentino Pérez. El llamado 'proyecto Posy' consistió en recopilar información sobre el presidente de ACS a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto entre los accionistas mayoritarios de la eléctrica. Finalmente, en abril 2019 la constructora salió definitivamente del accionariado de Iberdrola.