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El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se finiquitó ayer en una breve reunión de menos de una hora a pesar del abultado orden del día. Solo generó algo de debate uno de los puntos: el cambio de organigrama, por el que el presidente del Puerto, Luis Ibarra, relevará de su cargo a varios directivos que serán sustituidos por personas que hoy son técnicos y que ahora suben de categoría. Aunque a priori el asunto parece no tener más enjundia la tiene por las consecuencias a medio plazo, ya que, se anticipa lluvia de recursos de las personas afectadas.
Ibarra indicó que el cambio pretende hacer de La Luz un referente en transformación digital y energética y la sostenibilidad, bajo el criterio de eficiencia, conectividad y seguridad del propio sector. «Para alcanzar estos objetivos se hace necesario reestructurar el organigrama y abordar el inevitable relevo generacional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, aprovechando el conocimiento de los profesionales portuarios qeu pasarán a la jubilación en los próximos años», apunta el Puerto en una nota de prensa.
Sin embargo, el cambio en el organigrama no hace más que caldear unos ánimos que están calientes desde la llegada hace unos días José Rafael Díaz, exdirector del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y que llega a la Autoridad Portuaria de Las Palmas en calidad de «auditor» en los procesos de contratación. Aunque desde el Puerto se asegura que llega para cubrir un nuevo puesto que exige tener Puertos del Estado (a raíz de la Ley 2/2023, de 20 febrero) a todos los organismos españoles, fuentes próximas aseguran «que hasta la fecha» esa figura no existe en ningún otro puerto del Estado.
En el encuentro se puso de manifiesto que los cambios afectarán a unas cinco personas, si bien, Ibarra no detalló ningún nombre a la espera de que se les comunique a los afectados, algo que sucederá previsiblemente hoy.
Tras exponerse el asunto en la reunión de ayer, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, fue uno de los que tomó la palabra para preguntar que cuánto iba a costar la remodelación y quien la iba a pagar. La respuesta fue sencilla: los presupuestos del propio Puerto.
Las prisas para lograr que la ampliación del dique de La Esfinge en 240 metros estén terminadas en tiempo y plazo -tienen que estar antes de que acabe 2024 y son 18 meses de ejecución- obliga a correr y por tanto, aquellas empresas que estén interesadas en optar a la licitación deberán presentar sus ofertas antes del 27 de abril. El objetivo es que se adjudiquen antes del 15 de mayo, para llevarlo al consejo de administración que se celebrará previsiblemente ese día con el visto bueno del Estado.
En el consejo de ayer también se dio luz verde al pliego de practicaje del Puerto de Las Palmas, el noveno que se aprueba en los últimos dos años. Estos pliegos son una garantía en la prestación de los servicios y de su calidad.
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