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Los hoteleros canarios y españoles se han cansado de seguir acumulando pérdidas tras nueve meses de parón turístico y mientras tanto, seguir alimentando las arcas públicas por unos impuestos y servicios que no están utilizando al tener muchos de sus establecimientos cerrados.
Los hoteleros, que llevan meses demandando al Estado ayudas directas al igual que existen en otros países del entorno europeo para sostener el principal sector económico -y máximo empleador- del país, exigen de forma inmediata que las administraciones «dejen de cargarles» gastos en un momento en el que no tienen ingresos. Solo un 10% de la planta alojativa de Canarias está abierta y con unos niveles de ocupación mínimos, del 15%.
«Además de que no nos dan ayudas directas nos sangran con impuestos y tasas cuando no estamos generando ingresos», indicaban ayer fuentes del sector, que no ocultaban su enfado por la falta de apoyo de las administraciones locales.
Los hoteleros no han dejado de pagar las tasas municipales, entre las que se encuentra el IBI, la tasa de vados o la de basuras, en ningún momento, ni tan siquiera durante el estado de alarma cuando los establecimientos estuvieron cerrados por un decreto del Gobierno de España. Tras el confinamiento y pese a las bajas ocupaciones y el cierre de establecimientos por la ausencia de turistas, tampoco ha habido «ningún gesto» por parte de las administraciones. «Si no nos apoyan que no lo hagan pero que, al menos, no nos lastren más cargándonos con gastos», indican estas fuentes.
El desembolso que tiene que realizar cada uno de los 400 establecimientos -entre hoteleros y extrahoteleros- que hay en Canarias en tasas municipales varía mucho en función de su tamaño y su ubicación. No es lo mismo, estar localizado en Agaete o Arucas que en Mogán, que es uno de los ayuntamientos con las tasas más elevadas. Sin embargo, ya cerrado el año 2020, es posible poner algunos ejemplos de lo que han desembolsado algunos hoteles de Canarias en impuestos municipales. Así, un establecimiento situado en Mogán de 400 habitaciones desembolsó en 2020, un año en el que estuvo prácticamente cerrado, cerca de 300.000 euros. El IBI acapara más del 80% de esta cifra a la que se suman basuras o el IAE.
Los hoteleros demandan además, según apuntó ayer el presidente de CEHAT, Jorge Marichal, poder bajar la potencia eléctrica y caudal de gas en sus establecimientos, sin penalización, en función de su actividad. Esta medida supondría, como ya anunció el sector, un ahorro de sobrecoste energético de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales a cada establecimiento.
«Demandamos medidas de supervivencia a corto plazo para los hoteles que están cerrados y con una operativa muy baja, que impidan la destrucción de empresas y empleo. Necesitamos no gastar y drenar de más liquidez a las empresas», indicó Marichal..
Según consideran los empresarios, las administraciones locales, que gozan en su mayoría de muy buen salud financiera y superávit en sus cuentas, deberían aprovechar esa situación para aplicar bonificaciones o exenciones de estas tasas a los hoteleros, que están afrontando la mayor crisis de su historia. Muchos de ellos están sufriendo problemas de liquidez que en algunos casos les han llevado a vender propiedades para poder seguir haciendo frente al día a día. «En 2020 podían haber presupuestado de cara a 2021 una bonificación, una exoneración o una reducción pero no han tenido ningún gesto. No hay un solo ayuntamiento turístico que haya hecho algo, solo seguir desangrandando», indican.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que lidera el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, denunció ayer que, pese a la inactividad del sector, los hoteleros tengan que seguir haciendo frente a «gastos inadmisibles y carentes de sentido en un contexto como el actual». Entre estas cargas se encuentran, por ejemplo, la Tasa Residuos Urbanos de Actividades, la Tasa de Paso de Vehículos, la Tasa de Ocupación de Vía Pública, el IAE o el IBI.
En este sentido, CEHAT exige al Ejecutivo que se apliquen medidas fiscales contundentes -solicitadas desde hace tiempo por el sector- para evitar hacer frente a cargos de tasas municipales, autonómicas y nacionales cuando no haya actividad. «Necesitamos un respiro ante un panorama en el que nos encontramos ya casi sin aliento», dice Marichal.
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