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La campaña de la Renta que arranca este 6 de abril, con la presentación de las declaraciones online, introduce una novedad de calado para las personas que se encuentran en ERTE y están obligadas a presentar la declaración del IRPF. Se trata de aquellos trabajadores que hayan percibido más de 14.000 euros de rendimientos del trabajo con dos pagadores -empresa ty SEPE-, siempre que el segundo haya abonado más de 1.500 euros en el conjunto del año. Las personas con ingresos por debajo de esos 14.000 euros, aunque hayan tenido dos pagadores no tendrán que presentar la Renta.
Las estimaciones de los asesores evidencian que los pagos por las retenciones no aplicadas en las prestaciones del SEPE oscilen entre los 1.500 y 3.000 euros. Un dinero que el Ministerio de Hacienda permitió abonar el año pasado en seis pagos o fraccionamientos gracias a una orden que sacó días antes de la campaña con el fin de aliviar la carga fiscal que iban a tener que soportar estas personas. Este año, Hacienda no ha publicado dicha orden, de forma que las personas en ERTE que tengan que arreglar cuentas con el Fisco deberán hacerlo en dos únicos pagos, los que permite la AEAT. El 60% de ese dinero tendrá que abonarse antes del final de la campaña y el 40% restante antes del 5 de noviembre.
El experto tributario del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Antonio Paredes, reconoce que el que este año no se haya autorizado una fraccionamiento mayor de los abonos coloca en una situación difícil a muchas personas que están en ERTE por el actual contexto de subida de los precios. «Quizás porque en la Renta del año pasado había cerca de tres millones de personas en ERTE y en esta la cifra es muy inferior pero el impacto es el mismo para los que se ven afectados», indica Paredes. En diciembre del 2021 había en las islas más de 13.000 personas en ERTE.
También tendrán que presentar la Renta los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda creada por el Gobierno para prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social. Esta prestación está exenta de tributación (hasta los 11.279,39 euros, el 1,5% del Iprem) y no hay que pagar por ella pero sí obliga a sus beneficiarios a presentar la declaración aunque no deben pagar nada por el dinero recibido. No hacerlo implicará consecuencias para futuras ayudas a percibir.
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