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Imagen de archivo de pulpos objeto de una investigación. C7
La granja de pulpos de La Luz da un paso más en su tramitación pese a los 'peros' de los animalistas

La granja de pulpos de La Luz da un paso más en su tramitación pese a los 'peros' de los animalistas

El Gobierno de Canarias resuelve las alegaciones de Pacma y considera que no hay problemas para otorgar la autorización de vertidos y que la actividad no es contaminante

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de agosto 2022, 18:40

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La granja de pulpos que el grupo Nueva Pescanova proyecta en el puerto de Las Palmas y que será la primera instalación del mundo de cría en cautividad de estos animales ha sorteado un nuevo obstáculo y sigue adelante a pesar de los 'peros' planteados por el partido animalista Pacma.

La organización presentó en mayo de este año una serie de alegaciones en el trámite de competencia abierto tras solicitar la empresa gallega la autorización de vertidos de tierra al mar con el fin de que se denegara. Hay que recordar que la granja estará en tierra y contará con una piscina para cría.

Estas alegaciones son un acto más de Pacma que, desde que en julio de 2021 se conoció el proyecto, ha protagonizado diversas campañas y movilizaciones para evitar esta instalación que considera una «aberración» al suponer la «explotación» de unos animales «muy inteligentes y curiosos» y a los que vivir encerrados «supondría un grave perjuicio».

La Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, José Domingo Fernández, ha resuelto tras analizar las alegaciones y la información aportada por Nueva Pescanova que «no hay razones para denegar la autorización de vertidos de tierra al mar (AVM)», como solicitaba Pacma, puesto que el proyecto no afecta a la zona de especial conservación (ZEC) del área marina de La Isleta.

Asimismo, el Servicio de Prevención y Control de la Contaminación ha resuelto que la granja de pulpos no es una actividad «potencialmente contaminadora de la atmósfera», como también denunciaba la organización animalista.

La autorización detinitiva sigue pendiente de informes

Estas resoluciones no significan, sin embargo, que se haya otorgado ya y de forma detinifiva la autorización a la instalación, como indica el director de Medio Ambiente.

La concesión de la autorización de vertidos de tierra al mar sigue suspendida a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico emita un informe preceptivo de compatibilidad con la demarcación marina canaria.

Este trámite está vinculado a la evaluación de impacto ambiental que tramita la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y que aún no se ha resuelto, con lo que aún quedan varios meses para que la granja de pulpos cuente con una autorización definitiva. Inicialmente se preveía que la planta estuviera operativa en 2023 pero todo apunta a que la fecha se retrasará.

La propia respuesta del Gobierno a las alegaciones de Pacma deja claro que aún quedan trámites por delante: «El otorgamiento de la autorización de vertidos de tierra al mar no exime al titular (Nueva Pescanova) de contar con cuantas autorizaciones sean necesarias para poder desarrollar su actividad, como pueden ser en este caso concreto, la evaluación de impacto ambiental, la autorización sustantiva de pesca, la concesión de ocupación de bienes de domino público portuario o cualquier otra necesaria».

La dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias se queja de que las alegaciones de Pacma se han centrado más en otros aspectos de la granja de pulpos como el bienestar animal, la acuicultura, las emisiones atmosféricas y la evaluación del impacto ambiental que en los propios vertidos, que era el objeto del período de información pública.

Nueva Pescanova desmonta y responde a las alegaciones

Así todo, una vez recogidas las alegaciones se le remitieron a Nueva Pescanova para que respondiera y aportara información. Su respuesta desmontó al grupo animalista, ya que según consta en la resolución, la empresa gallega apuntó que muchas de las cuestiones planteadas por Pacma como desconocidas estaban incluidas en el propio expediente administrativo y aclaradas. «Por ejemplo las características del equipo de microfiltración, las características del efluente, los resultados del componente macrofaunístico de la infauna, así como análisis de la composición y abundancia (...)», se recoge en la resolución.

«La citada documentación se encontraba incluida en los archivos que fueron puestos a disposición del público en la página web de este centro directivo durante el trámite de información pública e igualmente fueron remitidos a esta entidad cuando se dio traslado de copia de la totalidad del expediente administrativo», apunta la Dirección de Medio Ambiente que desmonta así parte de las alegaciones de Pacma.

El director de Medio Ambiente destaca además que una vez que se dé de forma definitiva la autorización de vertido al mar -que ha de contar con el informe favorable antes mencionado del Ministerio de Transición Ecológica al ser vinculante- será el Gobierno de Canarias el que establezca el Programa de Vigilancia y Control de la instalación. «Se establecerá el que se considere adecuado para comprobar que efectivamente no se están causando daños inasumibles en el medio marino receptor de los vertidos», se apunta en la resolución.

Lucha contra una instalación que es un «despropósito»

Los grupos de defensa de los derechos de los animales no han dejado de organizar concentraciones desde que en julio de 2021 la empresa gallega solicitara al puerto un espacio de casi 53.000 metros cuadrados en el muelle Nelson Mandela. Tratan de evitar que se desarrolle esta instalación que consideran que un «despropósito ético, científico y medioambiental».

El proyecto de Las Palmas pasa por una granja en tierra con una zona de piscina para cría. Las larvas se alimentarán inicialmente de algas y de piensos y cangrejos en un proceso que se alargará hasta 15 meses. Nueva Pescanova prevé comercializar 3.000 toneladas de pulpo anuales. El proyecto creará en Las Palmas más de 300 empleos.

La inversión prevista por Nueva Pescanova superará los 65 millones de euros.

Pacma tacha de «desconcertante e incongruente» la resolución

Desde Pacma se asegura que la autorización de los vertidos de tierra al mar que está por otorgarse a Nueva Pescanova supone verter «de manera controlada» 4,45 m3/segundo, lo que supone al año unos 140.335.200 de m3. «Aunque la resolución que hemos recibido de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente indica que la autorización de vertidos está en suspenso por falta del previo y preceptivo informe de compatibilidad con la demarcación marina Canaria sería sorprendente que finalmente este fuera desfavorable y no se autorizara el vertido», advierte.

Para la formación política animalista, la resolución es «desconcertante». «En términos jurídicos es lo que se denomina «incongruente», es decir, que no hay correspondencia entre lo alegado y lo resuelto. Se limita a referencias genéricas y a decir que las alegaciones que se han formulado no tienen relación con los vertidos».

La única cuestión tratada en el documento remitido indica que no se han tenido en cuenta las subsanaciones de nueva Pescanova, cuando esto, según Pacma, no es cierto: «la fundamentación de la autorización indica que los estudios aportados por Nueva Pescanova son teóricos, al no encontrarse en funcionamiento la actividad, por lo que los vertidos ya se controlarán con el PVC (programa de vigilancia y control), a posteriori».

Respecto a esto, el partido ha insistido en que «se desconoce absolutamente el impacto que puede tener el vertido ya que la propuesta de Nueva Pescanova no valora a fondo las consecuencias y sus riesgos, lo que ya sería motivo suficiente para denegar la autorización. Pero además, dada esta falta de concreción y la magnitud del proyecto, una vez en funcionamiento las consecuencias serían muy difíciles de revertir«.

Pacma indica que no es «verosímil ni aceptable» que se señale que no van a utilizarse antibióticos cuando la «producción» masiva de animales en tanques producirá enfermedades de manera inevitable. «El uso de antibióticos será una realidad, así como su vertido a las aguas del puerto», apuntan. «Consideramos muy grave la falta de evaluación del uso de fármacos (antibióticos y hormonas para el crecimiento) en los cambios de la flora microbiana, sus efectos tóxicos en los organismos salvajes, alteraciones en la biodiversidad, etc.». Afirman que «incluso suponiendo que no van a usarse, es evidente que adolecería de inconcreción y riesgo, pues debería indicar qué tratamientos están previstos y realizar un estudio de los medicamentos alternativos a los antibióticos que se usarán en estos casos y que inevitablemente formarán parte de los vertidos».

El interés de implantar rápidamente un proyecto puede conllevar daños irreparables, sentencian: «cuando decimos daños irreparables nos referimos a la destrucción del litoral, su fauna y vegetación, causando perjuicios en otros sectores tan importantes para Canarias como el turismo, la pesca, el medio ambiente y potencialmente a la salud humana, fauna y flora marina y el bienestar animal».

Pacma apunta que los perjuicios del proyecto serían sociales, ambientales, culturales, de salud pública y, en consecuencia, económicos generales para la población canaria.

En la resolución nada se indica respecto al impacto de vertidos en las zonas especialmente protegidas en Canarias y que estaría totalmente prohibido. El proyecto está a 700 metros de una zona protegida: «esta distancia en términos marítimos no es nada; por su ubicación no puede considerarse que los vertidos no tendrían ninguna repercusión sobre el medio y las especies marinas vegetales y animales. Habría que tener en cuenta además las modificaciones del hábitat de ciertas especies y ecosistemas y a las relaciones existentes entre las redes tróficas».

Desde Pacma critican que esta «pintoresca» situación se esté dando en un archipiélago con «problemas bastante graves y sin solucionar en relación a la cantidad de vertidos que se arrojan al mar».

Sumando los datos de Grafcan: 209 puntos de vertidos al mar en Tenerife (136 no autorizados); 148 (100 no autorizados) de Gran Canaria; 55 (36 no autorizados) en Fuerteventura; 47 (35 no autorizados) en Lanzarote; 27 (21 no autorizados) en La Palma; 14 (9 no autorizados) en La Gomera, y el pleno de 5 no autorizados en El Hierro. Un total de 342 no autorizados de 505 puntos de vertidos al mar. Es decir, un 67,7% de los vertidos en Canarias no están autorizados.

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