Las grandes constructoras han presentado ofertas y pujan por hacerse con el jugoso contrato de construcción del nuevo Punto de Inspección Fronteriza del puerto Las Palmas. Esta esperada infraestructura salió a concurso en 2022 pero quedó desierto debido a que se licitó por solo 12 millones de euros, una cantidad que no cubría los costes reales de construcción sobre todo después del encarecimiento que sufrieron los materiales tras la covid y la guerra de Ucrania.
Ahora, el proyecto vuelve a salir a licitación (después de que el Consejo de Ministros autorizara en noviembre del año pasado a la Autoridad Portuaria a ello) por un importe de 18 millones de euros, una elevada cantidad que ha suscitado el interés de las grandes constructoras. En concreto se han presentado un total de siete proyectos, algunos en UTE y otros individuales. Los interesados son: Dragados S.A; FCC Construcción S.A; UTE Lantania SAU-Vareser 96, S.L; UTE Satocan S.A-Rover Marítime S.F; Comsa SAU; UTE Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A- Desarrollos e Iniciativas Canarias S.L y UTE Construplan, Construcciones y Planificación -Cobra Infraestructuras Hidráulicas S.A.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, será la encargada de decidir la empresa a la que se adjudica este contrato después de que el consejo de administración decidiera delegar ayer en ella esta responsabilidad. Como explicó Calzada, dado que hoy concluye el plazo para que las empresas interesadas aporten documentación pendiente tras la revisión de los proyectos, con el objetivo de no esperar hasta el siguiente consejo de administración, ayer se decidió delegar en la presidencia la adjudicación. La decisión se llevará a ratificación en el siguiente consejo. Calzada destacó que, en el supuesto de que de la adjudicación no se deriven recursos -poco previsible- la obra se ejecutará en 18 meses.
La presidenta destacó que el Centro de Inspección Portuario (como ahora se denomina al PIF) supondrá una mejora sustancial para los operadores, ya que contará con 26 muelles -10 más- en un edificio con dos plantas.
La idea, según indicó, es hablar con la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que depende el PIF, para lograr una mayor dotación de personal que permita ampliar los horarios y acabar con las colas y los retrasos que sufren los transportistas. «Esperamos que el esfuerzo que se hace con la infraestructura sea correspondido con personal. Hay una buena sintonía», dijo.
Respecto al PIF, el consejo de administración aprobó ayer la adjudicación a la UTE Applus Norcontrol, S.L.U. - LC30 Consultores, Ingeniería, Arquitectura y Construcción S.L. la asistencia técnica para la dirección de obra del proyecto de las nuevas Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías, por un importe de 274.874,49 euros.
También adjudicó por 240.332 euros a la UTE KPMG Asesores S.L-APORTA Consultores Estratégicos S.L. el contrato para la redacción del Plan Estratégico de Puertos de Las Palmas en el horizonte temporal 2035, si bien el estudio se complementará con una aportación de carácter general hasta 2045. Este instrumento de planificación busca consolidar el liderazgo del puerto de La Luz como líder del Atlántico Medio en los próximos años.
También se aprobó el expediente para contratar la asistencia técnica para el ensanche del muelle Reina Sofía, que permitirá construir 330 metros lineales de línea de atraque y 44 en la prolongación sur. Calzada confía en que esta obra se ejecute rápido y pueda estar operativa a mediados de 2025. «Lo necesitamos», indicó Calzada, que apuntó que una vez licitada y adjudicada el plazo de ejecución será de 18 meses.
Finalmente se resolvió de mutuo acuerdo el contrato de ejecución de las obras del proyecto dique comercial en el puerto de Puerto del Rosario, de forma que pueda volver a licitar. Al anterior adjudicatario se le abonarán 82.000 euros por indemnización, ya que debido al encarecimiento de los precios y el covid nunca pudo ejecutar la obra. La nueva licitación también podrá acogerse a los fondos europeos FEDER en un 85% en el programa 2021-2029.
«No hay motivos para cambiar al director»
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, indicó ayer que pese a la existencia de varias querellas que pesan sobre el director, Francisco Trujillo, «no hay motivos que justifiquen un cambio» en la dirección del Puerto. «Las querellas interpuestas y algún otro recurso presentado por esta entidad (Maxoinversiones) y con pronunciamiento favorable de la Autoridad Portuaria han sido sobreseídas directamente. Así que respetamos el derecho legítimo de cualquier persona y entidad de acudir a los tribunales en defensa de sus intereses pero no entendemos, por los datos que tenemos, que haya motivos que justifiquen un cambio», señaló.
Calzada recordó que la querella de Maxoinversiones y que llevó ayer al director a presentar una comunicación en el consejo para abstenerse en todos los expedientes que afecten a esta empresa, no se dirigió solo contra Trujillo sino también contra el expresidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra. Por otro lado, la Autoridad Portuaria renovó ayer en el consejo el convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Astilleros Canarios, S.A. para la continuación y desarrollo de la Cátedra Marítimo-Portuaria (Pormar), dirigida a la formación, investigación y transferencia de conocimientos sobre transporte marítimo y puertos así como a fomentar y difundir el estudio de este sector.
Rodritol pide 5 millones por retrasos con el taller de yates
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha reclamado decidió ayer desestimar la petición formulada por Rodritol de responsabilidad patrimonial por valor de cinco millones de euros. Rodritol ha formulado esta reclamación por las demoras sufridas en la ocupación de la parcela donde hoy se levanta el taller de reparación de grandes embarcaciones de recreo.
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