La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / eduardo parra/Ep

El Gobierno remitirá el viernes a Bruselas la senda de déficit hasta 2024

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide la suspensión de las reglas fiscales en 2022 y anuncia que el Gobierno extenderá la exención del IVA para la compra de material sanitario hasta el 31 de diciembre

CLARA ALBA Madrid

El Gobierno ha confirmado que el próximo viernes 30 de abril remitirá a Bruselas el plan de estabilidad que recogerá la senda del déficit público entre 2021 y 2024, con la revisión del cuadro macroeconómico que ahora establece una previsión de crecimiento del PIB del 6,5% para este año, por debajo de casi el 10% estimado inicialmente.

Esta rebaja anunciada por el Ejecutivo a principios de abril obligará a modificar las previsiones de déficit y, por lo tanto, también los Presupuestos Generales del Estado para este año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de presentar el plan de estabilidad. Pero de momento guarda silencio sobre las nuevas estimaciones, aunque sí ha dejado claro que la cifra final se situará por debajo de la de cierre de 2020.

En concreto, el déficit se situó a cierre de año en el 10,09% del PIB, sin incluir las pérdidas derivadas de la Sareb, con las que la cifra se elevaría al 10,97%. La previsión inicial para 2021, y que previsiblemente será modificada al alza por estos cambios, era que este año el déficit cerrase en el 7,7% del PIB.

Durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) este lunes, Montero ha insistido en que «sería importante que Europa se plantease mantener la suspensión de las reglas fiscales en 2022». A cambio, la ministra de Hacienda se ha mostrado favorable a que Bruselas pueda exigir año a año a los países miembros una senda de estabilidad «descendente, que permita ver que seguimos trabajando en el sostenimiento de las finanzas públicas».

En este sentido, la ministra de Economía, Nadia Calviño, también ha indicado este lunes que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis, especialmente los ERTE, han logrado romper la «correlación entre caída del PIB y recaudación fiscal», amortiguando el impacto en términos de déficit el pasado año. «Lo mismo ocurrirá este año», ha indicado en unas jornadas sobre fondos europeos organizadas por Deloitte y 'El País'.

Ayudas directas

La ministra de Hacienda también ha detallado que seis comunidades autónomas (Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana) ya pueden empezar a tramitar su parte de los 7.000 millones de euros que el Estado transferirá a las regiones para su posterior reparto. Esta posibilidad de poder empezar a tramitar las ayudas no implica que las regiones dispongan ya del dinero, que «llegará en semanas», sino que ya pueden empezar con las convocatorias, según ha confirmado Montero.

Respecto a las comunidades que todavía no han firmado los convenios, la ministra ha dejado claro que «el Gobierno adoptaría alguna medida» para que lo hagan. «Ninguna pyme puede quedarse fuera de estas ayudas que son imprescindibles para que muchas empresas no cierren o presenten liquidación o concurso de acreedores», insiste.

IVA a las mascarillas y 5G

El Gobierno prorrogará hasta el próximo 31 de diciembre la exención del IVA para la compra de material sanitario, como mascarillas y geles, por parte de centros sanitarios o entidades públicas que vencía este viernes 30 de abril.

Montero ha insistido en este punto en señalar el fortalecimiento del Estado de Bienestar y el escudo social para hacer frente a la crisis, señalando que casi 9 de cada 10 euros del gasto público que se registró en 2020 se ha destinado a medidas específicas para rentas de trabajadores, autónomos o para protección del tejido productivo. «En la medida en la que siga siendo necesario lo vamos a seguir haciendo», ha remarcado.

Por su parte, la ministra Nadia Calviño también ha recordado que el despliegue de la red de telecomunicaciones será uno de los ejes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno remitirá a Bruselas y, en esta dirección y para atraer inversiones, prevé ampliar hasta 40 años, desde los 20 actuales, el plazo de cesión de las licencias del espectro 5G a las compañías.