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A pesar de la tregua que estos días de lluvia y viento están dando a los precios de la electricidad, el próximo año que está a la vuelta de la esquina se avecina con unos costes energéticos que seguirán siendo elevados y llenos de sobresaltos. Esa es la previsión del mercado y por la que el Gobierno ha propuesto una rebaja del 9,2% en la parte fija del recibo que se refiere a los cargos. Esto es, una de las cuantías que se abonan en función de la potencia contratada (haya o no haya consumo) y de la electricidad gastada durante un mes.
Esta reducción de los cargos se aplica sobre la última rebaja aprobada por el Gobierno a mediados de este año, y que suponía ya un descenso del 56% de ese importe con respecto a lo que los consumidores pagaban en 2021. De hecho, el Ejecutivo ha utiilzado esta medida de reducción de los cargos como una de las herramientas para contener la subida de la luz, con un recorte que superó el 90% tras el verano del año pasado, cuando los precios comenzaron a dispararse.
Todos los años por estas fechas el Ministerio para la Transición Ecológica publica una orden ministerial, que está sometida a consulta pública hasta el próximo viernes 16 a la espera de posibles alegaciones, y que después llevará directamente al BOE para su aplicación a partir del 1 de enero. Esta reducción superior al 9% beneficiará a los clientes domésticos acogidos a la tarifa 2.0TD correspondiente a los contratos que tienen una potencia contratada de hasta 15 kW (incluidos) y baja tensión. En el caso de otras potencias superiores, vinculadas a la industria, por ejemplo, la bajada de los cargos irá del 5,3% hasta más del 17%.
Los cargos representan la parte de la factura de la luz que sirve para pagar, entre otros conceptos, las primas de las históricas renovables -las que se pusieron en marcha hasta el año 2008, con el estallido de la burbuja económica- o la amortización de la deuda del sistema eléctrico. La otra parte fija son los peajes -con los que se retribuyen a las redes- fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya decisión de cara al próximo año también está a punto de ser revelada por el organismo. Los peajes se encuentran reducidos en un 4,6% para este ejercicio.
Para tomar esta decisión, fuentes gubernamentales admiten que vaticinan un contexto en el que los precios de la energía seguirán muy volátiles durante el próximo año, con numerosos altibajos, muy dependientes de lo que ocurra en la guerra en Ucrania y las decisiones de Rusia respecto al gas. De hecho, los futuros de la luz (una especie de Bolsa en lal que cotizan los precios energéticos) anticipan un coste de la electricidad superior a los 200 euros/Mwh para 2023, muy lejos de los 45 euros/Mwh habituales para el sistema ibérico de forma histórica.
En la propuesta de orden, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tenido en cuenta una previsión de ingresos por esta partida para el año 2023. No obstante, es previsible que la actual suspensión, que finaliza el 31 de diciembre, se prorrogue. El gabinete dirigido por Teresa Ribera subrayó que, en caso de que esta suspensión fiscal «decidiera prorrogarse más allá del 31 de diciembre de 2022, deberá preverse una compensación equivalente al sistema eléctrico por la merma de ingresos que dicha suspensión provocaría, como ya reflejaron las sucesivas suspensiones del referido impuesto en el pasado».
Y ahí reside la otra clave de cómo comenzará la factura de la luz el año 2023. Porque dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno para acotar la espiral alcista en el precio de la electricidad, además de actuar en los cargos, se acordó recortar un 80% la fiscalidad del recibo eléctrico, con la reducción del IVA hasta el 5% y del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, entre otras medidas. Igualmente, se encuentra suspendido el impuesto que grava con un 7% el valor de la producción de la energía eléctrica.
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