El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación
San Bartolomé de Tirajana pide también a la consejera de Turismo que la nueva ley que ordenará el sector dé encaje al uso residencial en las zonas turísticas
El Gobierno de Canarias contempla permitir que los dueños de apartamentos turísticos puedan comercializarlos por su cuenta, de forma individual, y que dejen así de estar sometidos al principio de unidad de explotación, fijado desde la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
La consejera del área, Jéssica de León, mostró este martes la predisposición de su departamento a revisar ese marco normativo en el transcurso de una reunión en el Parlamento de Canarias con Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, uno de los buques insignia de los municipios turísticos del archipiélago. También estuvo el viceconsejero regional de Turismo, José Manuel Sanabria.
El encuentro se enmarca en la ronda de consultas previas abierta por el Gobierno para la tramitación del proyecto de Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y la primera petición que le cursó Marichal fue, precisamente, revisar ese principio. El representante tirajanero propone que esa normativa en ciernes reordene la gestión de los complejos de apartamentos de acuerdo a tres premisas: que el propietario pueda comercializar su apartamento de forma individual, que los gastos y la administración del complejo sea conjunta y que la representación ante la administración pública sea también única.
De León reconoció el «perjuicio» que ha causado a los propietarios de apartamentos en zona turística de Canarias aquella ley de 2013, «que no supo ver el auge de la economía de plataformas», en alusión a las compañías 'online' en las que propietario y cliente pueden contactar y contratar de forma directa al margen de terceros. No en vano, recordó que muchos de esos dueños han acabado abandonando la unidad de explotación para comercializar esos bienes por su cuenta.
«Estamos alineando la postura de la consejería, que siempre ha estado en disposición de resolver un problema que ya tiene 13 años, que causa perjuicios e incertidumbres en un mercado que ya está liberalizado y al que hay que dar respuesta», dejó claro la consejera, que calificó la reunión de «cordial y positiva». Dijo que su departamento tratará de «revertir esta situación» y que para eso es «fundamental ir de la mano de ayuntamientos como San Bartolomé de Tirajana», porque tienen experiencia y son los primeros que atienden a estos vecinos.
El segundo gran problema que abordaron y que también trajo Marichal en su mochila de propuestas fue el de la residencialización en zona turística, una casuística que en su municipio afecta a unas 15.000 personas. Aunque el edil recordó que el Ayuntamiento tramita una modificación del Plan General de Ordenación para hacer compatible el uso residencial y de segunda residencia con el turístico, Marichal defiende que este fenómeno debe tener encaje en la nueva ley.
Y nuevamente la consejera recogió el guante del edil y enfatizó que la normativa en trámites busca también tratar esos nuevos usos y las segundas residencias. Mostró su confianza en que salga en este mandato.
Otro frente: las sanciones por la residencialización
En la misma reunión se abordó también la petición expresa de Marichal de que se agilicen los procedimientos relacionados con las sanciones a quienes residen en zonas turísticas por incumplir la actual ordenación del sector. Según el concejal de San Bartolomé de Tirajana, el procedimiento que ahora se le exige cumplimentar al particular para suspender el procedimiento es «engorroso», de ahí que, entre otras propuestas, plantease a la consejería modificar el artículo 3 del Decreto-Ley 2/2025, de 17 de marzo, de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico. La idea es que los trámites que ahí se enumeran, que, además, resultan costosos, se atribuyan a los ayuntamientos y no a los particulares.
