Las vicepresidentas Calvo, Calviño y Díaz, en el Congreso. / EFE

El Gobierno apuesta ante Bruselas por extender los ERTE hasta finales de año

Defiende un «mecanismo transitorio» que garantice el empleo en el que prevé gastar más de 37.000 millones hasta que España salga de la crisis

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid CLARA ALBA

El sistema de protección de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) seguirá vigente durante todo el año como un «mecanismo transitorio» hasta que la economía se recupere por completo. Esa es, al menos, la intención que el Gobierno ha comunicado a la Unión Europea en el Plan de Reformas que estaba obligado a presentar ante Bruselas este viernes 30 de abril. Por primera vez, el Ejecutivo pone fecha a la vigencia de la principal medida de protección para los empleados durante la crisis del coronavirus.

En el documento remitido a la UE, el Ministerio de Economía indica que «lo más urgente es asegurar la formación y empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia». Y que, entre otras medidas, debe establecer el sistema de los ERTE «hasta finales de 2021» para «impulsar la reincorporación de los trabajadores» a sus puestos.

Hasta ahora, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se había limitado a indicar que aunque la vacunación vaya muy bien, este mecanismo «continuará mientras sea necesario» . «No cerremos la puerta porque nos podemos equivocar», señalaba recientemente sin definir si los ERTE seguirán hasta después de verano o más allá.

Precisamente será el próximo jueves, día 6, cuando Trabajo ha convocado a los agentes sociales para iniciar la negociación con la que pretende prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, la fecha en la que culmina el régimen actual, aprobado a finales de enero.

La premisa será la de evitar despidos, como en las anteriores ocasiones, aunque el sistema puede sufrir modificaciones en sus requisitos y sectores afectados, también como en las dos prórrogas anteriores. «Lo que funciona no se toca», apunta la ministra de Trabajo.Los empresarios -sobre todo los vinculados al sector turístico y la hostelería- han reclamado en las últimas semanas la necesidad de ampliar los ERTE más allá del verano, vistas las expectativas de la temporada estival, aún muy por debajo de los niveles pre-pandemia. Aunque uno de los puntos de fricción de la negociación reside precisamente en la prohibición de realizar despidos -o devolver al erario público las exenciones de cotizaciones correspondientes-, cuestión con la que los sindicatos no están de acuerdo, al abogar por la exigencia de mantener el empleo al haberse acogido a un ERTE.

El Programa de Reformas, en el que se incluye esta pretensión, pone cifras sobre esta medida, incluso si se amplía hasta finales de año. El Gobierno estima que el coste de los ERTE y de la prestación por cese de actividad (la vinculada a los autónomos) e incapacidad temporal costará 7.972 millones de euros durante 2021; sumados a los 29.311 millones destinados a esta partida en 2020, acumulan un total de 37.283 millones de euros para todo el periodo de vigencia.

En total, el Ejecutivo cifra en 50.283 millones todas las ayudas a empresas, trabajadores y autónomos desde que comenzó la pandemia.

Una vez transcurrida la crisis, y con el país en recuperación, el Ejecutivo ha mostrado su intención de implantar los ERTE como un sistema estructural que rija en la nueva reforma laboral para permitir ajustes flexibles en casos de crisis y que las empresas no recurran a los despidos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer la radiografía del Plan de Estabilidad (el otro programa que, junto al de Reformas, la UE exige a los Estados miembro de forma recurrente todos los años por estas fechas) indicando que a principios de abril eran 650.000 personas las que aún estaban en ERTE, unos 320.000 trabajadores menos que en el pico de la tercera ola.

El sistema de protección temporal de desempleo llegó a registrar en febrero 970.000 trabajadores. Un 80% de los afectados que estuvieron en ERTE en el máximo de la crisis ya se han reincorporado, desde los más de tres millones de personas en el mes de abril de 2020, en pleno confinamiento.