El ministro de Agricultura, Luis Planas. / r. c.

El Gobierno aprueba el plan para repartir 47.724 millones de la PAC

El Consejo de Ministros da luz verde al programa que ahora será remitido a la Comisión Europea

C. A. Madrid

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir de 2023, dotado con 47.724 millones de euros que llegarán al sector hasta 2027.

La idea es que el Gobierno remita mañana mismo el documento a la Comisión Europea para su aprobación definitiva, que debería producirse a lo largo del primer semestre de 2022, para que estas ayudas sean de aplicación desde el 1 de enero de 2023.

El nuevo programa, que también establece un régimen sancionador para los beneficiarios que no cumplan con las condiciones para las ayudas, llega con retraso, pues debía haber entrado en vigor en 2021. Sin embargo, el anterior se amplió dos años, hasta 2023, ante la falta de acuerdo entre las partes. Algo que ya se ha solucionado y que permitirá la llegada de los fondos que, junto con lo disponible en cofinanciación, permitirá que la cifra total de ayudas ronde los 50.000 millones de euros, según ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Plana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Durante su intervención, el ministro también ha defendido que esta PAC es «más justa, más social y más sostenible», con sólidos objetivos mediambientales a los que, tal y como ha descrito, van a estar destinados el 43% de los fondos previstos.

Tal y como estaba previsto ya en julio, la PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación («capping») y reducción de la ayuda básica, que fijará un importe máximo de las ayudas de 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros.

No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales. Aunque en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado un anteproyecto de ley que tiene como objetivo diseñar un sistema eficaz para el desarrollo de la PAC de forma homogénea en todo el territorio.