El futuro nuclear de España se juega en la central de Almaraz en tres fechas clave

El cierre de Almaraz I en 2027 –al que seguirá Almaraz II en 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II y Trillo en 2035– es sólo la primera pieza de negociación de un tablero en el que confluyen los intereses de una guerra en múltiples frentes que trasciende a escala nacional e internacional más allá de la comarca de Campo Arañuelo. Por un lado, la pugna fiscal entre las dueñas de las centrales y el Ejecutivo; por otro, las presiones de Junts y ERC sobre las centrales de Tarragona y el discurso de la oposición frente a la política energética de Pedro Sánchez. Todo, en un momento geopolítico en el que el mundo vuelve a abrazar la tecnología nuclear para no depender del gas ruso mientras las variaciones bruscas de tensión han vuelto a poner en guardia a Red Eléctrica ante el riesgo de un nuevo apagón.

En paralelo a esta maraña de intereses cruzados, las cifras corroboran la importancia de la planta extremeña. Almaraz proporciona el 7% de la demanda eléctrica anual de España –el equivalente a 4 millones de hogares–. Y, tras varios meses de impasse en el debate sobre el cierre o continuidad de la central, hay tres fechas marcadas en rojo en el calendario que pueden decantar el futuro de la central en un sentido u otro: este martes, 21 de octubre, cuando hay convocada junta de administradores de la central nuclear Almaraz-Trillo; el 1 de noviembre, la fecha en la que las empresas deberán tramitar la parada definitiva; y marzo de 2026, cuando la decisión de desmantelamiento será ya irreversible.

Mientras las eléctricas ultiman la documentación de cierre del primer reactor, voces del sector apuntan a la posibilidad de que la salvación de Almaraz se aborde en la reunión del consejo de administración de mañana y que podría incluir la aprobación de una petición al Ministerio para la Transición Ecológica para prorrogar la vida útil de la central.

Y aquí se abren varios escenarios: que se pacte entre las propietarias pedir una ampliación, que se acuerde no pedir esta prórroga o que la reunión termine sin ninguna decisión como en ocasiones anteriores.

Tanto si hay fumata blanca como si no, la segunda fecha a tener en cuenta es el 1 de noviembre. En julio una instrucción técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) justificó en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2020 que el titular de la central deberá remitir al Consejo la fecha límite de autorización de explotación «dos años antes» del plazo marcado: el 1 de noviembre de 2027. Esta orden, según fuentes del sector, estaría bloqueando la vía de una prórroga, por lo que el Gobierno tendría que derogarla y retratarse frente al discurso que ha mantenido hasta hoy de que el calendario de cierre lo pactaron las empresas con Enresa (gestora de residuos radioactivos) y hasta hoy no se ha transmitido una conclusión.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica niegan cualquier negociación abierta y trasladan que, por el momento, «no ha llegado una petición de todos los interesados». Pero entre bambalinas se han producido contactos entre Transición Energética y las eléctricas que amenazaron con desatar una crisis en el seno del Gobierno después de que Sumar blandiese en agosto el acuerdo de investidura en el que pactaron con el PSOE el cierre nuclear.

Iberdrola, la que más se juega en Almaraz al controlar el 53%, es la que más ha insistido en este plazo tras trasladar en septiembre a sus inversores que el plan estratégico de la compañía contempla el cierre según el calendario previsto. Pero en plena cuenta atrás y en el pulso con las Administraciones a cuenta de los impuestos que paga esta tecnología, la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán ha conseguido que la presidenta extremeña, María Guardiola, anunciase una rebaja fiscal de 45 millones de euros condicionada al mantenimiento de la planta.

«Los papeles que se envían se pueden destruir en las trituradoras», señalan fuentes del sector, restando importancia al tope del 1 de noviembre. Esta posibilidad nos llevaría a una tercera fecha, en la primavera de 2026. En marzo próximo está previsto el inicio de su última recarga de combustible. Es en este mes cuando comenzaría una segunda fase, de carácter técnico, en la que se tienen que adoptar decisiones relevantes y en las que ya no hay capacidad de dar marcha atrás, como la compra de uranio. Es a este plazo al que se agarran otros actores que consideran que la petición definitiva de extensión aún puede dilatarse hasta entonces.