España tendrá que reducir su deuda pública y déficit estructural a un ritmo acelerado

A pesar de los cambios, las nuevas reglas «obligarán a España a reducir su deuda pública y déficit estructural a un ritmo acelerado», señala un análisis de los investigadores del Real Instituto Elcano Enrique Feás y Federico Steinberg, aunque ese ritmo será «algo menor que antes y negociable».

Según los cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el gasto primario neto -excluido el gasto en intereses de la deuda, en protección por desempleo y el vinculado a los fondos europeos así como medidas discrecionales de ingresos- no debería crecer más del 2,7% anual para el conjunto de las Administraciones Públicas. Eso debería acompañarse de un ajuste anual de entre 6.200 y 9.200 millones de euros, en función de si España pide cuatro o siete años si se realizan determinadas reformas o inversiones para su plan fiscal estructural a medio plazo.

España presentará en septiembre su plan fiscal, aunque antes, en junio, la Comisión Europea dará una senda para la reducción del déficit y la deuda con el ajuste compatible con ello. La Comisión evaluará si se cumple o no con la senda de ajuste atendiendo a la evolución anual del gasto primario neto que vaya reduciendo el déficit estructural, pero eso «no garantiza una velocidad de ajuste determinada», puntualizan Feas y Steinberg. Por eso, la Comisión Europea ha establecido unas condiciones que reducen el margen de flexibilidad individual. Impone un ritmo de reducción del déficit anual que podría llegar a medio punto porcentual y de la deuda pública, más acelerado cuanto más alta sea la ratio de deuda.

La deuda pública en España cerró el año pasado en el 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que un año antes, pero la reducción se debió fundamentalmente al aumento de la inflación y en segundo lugar al crecimiento del PIB real.

En la última década se ha producido una significativa reducción del coste de la deuda y un aumento de su vida media. «Hoy, la deuda no es todavía un desafío mayor ni en coste ni en vencimientos», señala Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, en su informe sobre 'La dinámica de la deuda pública en España' publicado por Funcas. Pero esto está cambiando, advierte Lago. La próxima subida de tipos de interés (el Banco Central Europeo comenzará en el segundo semestre una senda ascendente de tipos con la normalización de la política monetaria) con una ratio de deuda por encima del 100% va a elevar muy sustancialmente el capítulo de intereses de la deuda en los próximos años «hasta alcanzar el máximo en décadas», advierte Lago. Tanto el impacto del cambio climático sobre el déficit -y la necesaria transición verde- como el envejecimiento poblacional, que va a tensionar extraordinariamente el gasto en pensiones y salud, son dos elementos a tener muy en cuenta en el plan fiscal.

En un contexto de fragmentación parlamentaria conseguir aprobar un plan de ajuste se vuelve aún más complicado, como se vio claramente con los últimos Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno renunció a presentar en el Congreso al no contar con los votos necesarios. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Economía, el Gobierno confía en obtener el apoyo suficiente para el plan estructural que se deriva de las nuevas reglas fiscales.

El investigador sénior de Funcas Santiago Lago subraya que «es evidente la necesidad de una estrategia de reducción acumulativa del déficit estructural en lo que resta de década, teniendo muy presente la fatiga que puede generar un proceso largo». La «exigente» consolidación fiscal necesaria se presenta como un reto mayor, dice Lago, y «puede ser particularmente complejo lograr acuerdos sobre decisiones impopulares» dada la fragmentación parlamentaria.

La deuda pública en España no ha parado de aumentar en términos absolutos y nominales (desde 1912 solo se redujo en 1976, 2006 y 2007). Pero lo importante es el nivel que tiene sobre el PIB y su evolución. Una ratio elevada de deuda (como lo es la que tiene España actualmente) supone un mayor coste de intereses a pagar con impuestos, debilita la posición del país en episodios de crisis soberanas y limita la capacidad de recurrir al déficit en una crisis inesperada.

Aunque las nuevas reglas son más flexibles, España está entre los países europeos más alejados de los objetivos: reducir la deuda pública al 60% del Producto Interior Bruto, con ajustes anuales del 1% del PIB, y bajar el déficit público al 3%. Pero para reducir la deuda pública en 20 puntos porcentuales y situarla en el umbral del 90% habría que lograr prácticamente el equilibrio presupuestario en términos estructurales.