Las «deficiencias» en la tramitación del impuesto a los ricos anticipan una ola de litigios

Los asesores fiscales llevan tiempo advirtiendo de que este gravamen, que en principio es temporal, presentas signos de inconstitucionalidad, tanto por la forma en la que se tramitó como por la «deficiente» articulación técnica en algunos de sus puntos.

Con este telón de fondo, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) insisten en que si finalmente se pronuncia el Tribunal Constitucional, el Estado tendría que devolver a los que hayan recurrido lo abonado «más los intereses». Así que recomiendan «pagar el tributo e inmediatamente recurrir», anticipando un fuerte incremento de la litigiosidad por esta figura que grava los patrimonios superiores a los tres millones de euros.

«Si se pronunciase el Tribunal Constitucional, la devolución se produciría a aquellos que hayan iniciado la vía de recursos y que hayan planteado esta cuestión», han recalcado.

Los asesores fiscales apuntan directamente a dos puntos por los que el gravamen podría derivar en una ola de litigios. Por un lado, su propia tramitación parlamentaria, que desde Aeaf tachan de «anómala» y que «en nuestra opinión resulta decisiva de cara a determinar la inconstitucionalidad del impuesto».

En concreto, se refieren a la inclusión de la figura a través de una enmienda en el texto de una proposición de ley que inicialmente no incluía referencia alguna a este tributo «impidiéndose, de este modo, el debate o la incorporación de nuevas enmiendas, propiciándose una injustificada merma de las posibilidades de discusión parlamentaria».

Por otro lado, recuerdan que este impuesto temporal es complementario al de Patrimonio, incorporando como uno de sus objetivos fundamentales anular, precisamente, los efectos de los beneficios fiscales que algunas comunidades autónomas -gobernadas por el PP- aprobaron en su día en Patrimonio. «Esto atenta contra la autonomía financiera, neutralizándose premeditadamente por el Estado la política económica y fiscal de determinadas Autonomías», indican.

Paradójicamente, los asesores apuntan a que «la defectuosa articulación técnica del límite de la cuota íntegra del impuesto, fruto de la vertiginosa y reprochable tramitación parlamentaria», ha provocado que ese pretendido efecto armonizador con Patrimonio «se haya visto desdibujado de forma ciertamente significativa».

En concreto, se refieren al error acometido por Hacienda en la redacción del modelo de liquidación con el denominado escudo fiscal, por el que el pago de impuestos (en el que se suman la cuota de IRPF, Patrimonio y Solidaridad) no puede superar en ningún caso el 60% de la base imponible del IRPF. «En caso de superarse este porcentaje, la cuota del impuesto de solidaridad se reduce hasta un 80%», recuerdan desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Esto implica que las grandes fortunas podrán computar en el cálculo lo que les tocaría pagar por todo el impuesto de Patrimonio sin bonificación, y no solo lo que tendrían que abonar si, por ejemplo, se encuentran en Madrid o Andalucía, donde se bonifica al 100%. Así, resultará mucho más fácil alcanzar el 60% que permite acceder a la deducción.

En plena campaña electoral, Hacienda ya se ha mostrado abierta a la posibilidad de prolongar este impuesto más allá de 2024. Igual que Yolanda Díaz, que en su propuesta para Sumar mantiene intacto el mantra de que 'quién más tiene, más debe pagar'.

Eso sí, los retoques serían inevitables. Sobre todo por el fiasco recaudatorio que implicará el mencionado error en la redacción del texto y que reducirá a unos 700 millones de euros -según estimaciones de la Airef- el objetivo de recaudación inicial, de unos 1.500 millones de euros.