La Audiencia Nacional revisará por qué el Gobierno retrasó la devolución del IRPF a los antiguos mutualistas

El pasado mes de mayo, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentó un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Agencia Tributaria que restringía el alcance de las reclamaciones de los pensionistas mutualistas. La norma en cuestión les obligaba a solicitar únicamente la devolución correspondiente al ejercicio 2019, impidiéndoles recuperar de una sola vez el resto de ejercicios no prescritos (2020, 2021 y 2022), que debían reclamarse de forma escalonada en los años posteriores.

En su escrito, Aedaf solicitó a la Audiencia que elevara la cuestión al Tribunal Constitucional, al considerar que la actuación de la Administración vulneraba varios derechos fundamentales y principios protegidos por la Constitución: el principio de igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y el principio de buena administración.

También denunció el retraso injustificado en la devolución del IRPF a los contribuyentes que, en su momento, realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales. Una demora especialmente preocupante dado que muchos de estos ciudadanos son de edad avanzada y podrían fallecer antes de recibir íntegramente las cantidades que les corresponden.

Ahora, la Audiencia Nacional deberá determinar si la decisión adoptada por el Ministerio de Hacienda se ajusta al ordenamiento jurídico. La resolución del tribunal se demorará aún varias semanas.

Este proceso judicial avanza en paralelo a la tramitación de una nueva norma que busca corregir precisamente la decisión anterior del equipo de Montero. De hecho, al mismo tiempo que se publicaba en el BOE la admisión del recurso por parte de la Audiencia Nacional, el Senado recibía el proyecto de ley que permitirá a los pensionistas que en su día realizaron aportaciones a las mutualidades laborales recuperar en un único pago, a lo largo de 2025, el IRPF que Hacienda les adeuda.

Según el Boletín Oficial del Senado, esta norma se tramitará por el procedimiento de urgencia, por lo que la Cámara Alta tiene un plazo máximo de 20 días para aprobarla o rechazarla. Por el momento, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas o propuestas de veto hasta el próximo 26 de junio.