Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Los impuestos que soporta el sector no invitan a las propietarias a pedir una prórroga si éstos no se adecúan a ese alargamiento y Moncloa no se plantea ajustar la hoja de ruta pactada en 2019 si las eléctricas no cumplen las tres «líneas rojas» marcadas por el Ejecutivo: garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Con el foco en la central de Almaraz (Cáceres), cuyos reactores serán los primeros en apagarse según el calendario pactado, el think tank sugiere «revisar las cargas regulatorias o fiscales heredadas de circunstancias pasadas». La generación eléctrica está sometida desde 2012 al tipo impositivo del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Este impuesto es un coste para los generadores eléctricos, que estos incorporan como un coste más cuando deciden el precio en su oferta de venta de energía en el mercado eléctrico. En segundo lugar, la ley 15/2012 estableció el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica (ICNG), que es específico para la generación nuclear.

Este segundo gravamen sobre la producción nuclear que surgió para contribuir al aseguramiento de la sostenibilidad financiera del sistema de ingresos y pagos regulados en un contexto de alto déficit y deuda como fue el año 2012. «Los impuestos específicos sobre la nuclear generan 251 millones de euros anuales, pero la deuda eléctrica que los justificaba está casi extinguida», argumenta el trabajo firmado por Diego Rodreíguez (UCM y Fedea). A su juicio, mantener un impuesto diseñado para un problema ya resuelto no tiene sentido económico ya que los costes anuales de amortización de la deuda se reducen «radicalmente» desde 2026 y prácticamente desaparecerán en 2027.

Fedea apunta a que el impacto de la sustitución de este impuesto por un aumento temporal de los cargos sería «ínfimo» en la factura de los consumidores -alrededor de un 1% en el caso de los particulares y por debajo en los industriales- y «mucho menores que el aumento del coste de la energía asociado al cierre de los dos grupos nucleares de Almaraz», agrega.

El informe también analiza la tasa autonómica específica y recomienda su reducción o eliminación si facilita la continuidad de los dos reactores, aunque reflexiona sobre el diseño del Impuesto especial sobre la electricidad que claramente perjudica a una región exportadora de energía como es Extremadura. En concreto, cifra en 82 millones de euros anuales en recaudación autonómica el impacto del cierre de Almaraz.

En cuanto a la tasa Enresa, defiende que debe mantenerse porque financia específicamente el desmantelamiento pero asegura que ésta «bajaría automáticamente» si se prolonga la operación de Almaraz al repartirse los costes entre más años de producción. Es decir, justifica que los costes del Plan de Gestión de Residuos Radioactivos (PGRR) se reparten entre más años y más MWh producidos, lo que incrementa la recaudación total para el fondo y reduce el importe unitario de las tasa por cada MWh generado.

En un escenario analizado por la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, si toda la vida útil del parque nuclear pasara de 40 a 50 años, la tasa podría reducirse hasta un 50%, «si bien esos cálculos se basaban en un PGRR ya desfasado», detalla. En suma, el autor concluye que las razones comentadas «justifican plenamente, al menos, retrasar el calendario de cierre acordado a comienzos de 2019 entre las empresas titulares de las centrales y Enresa».

Asimismo, justifica que una eventual desaparición de este impuesto «solo tendría impacto sobre los contribuyentes si fuera necesario cubrir el hueco dejado en la financiación de los costes distintos a las redes a través de nuevas transferencias realizadas desde el Tesoro». Esa posibilidad de sufragar esos otros costes mediante los Presupuestos Generales del Estado, y largamente debatido no se explora en el informe, aunque asume que «en la medida en que la continuidad del parque de generación nuclear tenga efectos positivos sobre los consumidores eléctricos deben ser estos, y no los contribuyentes, los que afronten la disminución de esos ingresos», señala.

Fedea subraya que esta revisión fiscal permitiría alinear los precios de la electricidad con los objetivos de descarbonización, sin cargar más costes sobre los hogares. Mantener el cierre de nucleares tal y como está planificado presionará, a su juicio, los precios de la energía en el mercado mayorista, aumentará las emisiones de CO2 y obligará a un uso más intensivo de ciclos combinados de gas, concluye el informe.