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«Estamos obligados a reforzar los servicios públicos»

«Estamos obligados a reforzar los servicios públicos»

Francisco Bautista considera que el Pacto por la Reactivación ayudará a Canarias a armarse con las herramientas básicas para responder a las graves consecuencias económicas y sociales de la alerta sanitaria. El representante de UGT aboga por la rebaja del tramo autonómico del IRPF para incentivar el consumo, o un ambicioso plan de formación para combatir el paro.

Jueves, 1 de enero 1970

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—¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno de España en esta crisis del coronavirus?

—Todo es mejorable, pero teniendo en cuenta a que el mundo entero se ha enfrentado a una situación desconocida, la gestión, tanto en lo social como lo económico no ha sido tan mala. Se han adoptado medidas esenciales para paliar el impacto económico que se nos viene encima. Gracias al diálogo social se ha logrado algo muy importante, la flexibilización de los ERTE y su prórroga como mínimo hasta el 30 junio y confiemos en que se puedan extender hasta el 31 de diciembre. Esta iniciativa del Gobierno ha sido fundamental para mantener a las empresas y garantizar los puestos de trabajo. Más de 3 millones de trabajadores están en un ERTE en España, lo que protege sus puestos de trabajo. En la anterior crisis, el gobierno del PP dejó tirados a los empresarios y a los trabajadores, que fueron en masa al paro sin que entonces les ofrecieran alternativas. Este Gobierno ha concedido créditos a pymes y empresarios autónomos, exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para esas empresas con ERTE por fuerza mayor, está a punto de activar el ingreso mínimo vital... Medidas fundamentales para afrontar ahora la desescalada y para que las empresas reanuden paulatinamente la actividad.

—¿Y el Ejecutivo canario? ¿Cómo valora su reacción?

—En las reuniones que del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias ha quedado claro que las perspectivas económicas son muy malas. La recaudación de la Comunidad Autónoma se va a reducir en unos 1.500 millones de euros este año, por lo que en gran medida dependemos de los fondos estatales y de la Unión Europea para combatir las consecuencias de esta crisis sanitaria. Aún así, el Gobierno de Canarias está promoviendo inversiones con fondos propios en Sanidad, por ejemplo en la compra de material, adaptaciones de las infraestructuras para aumentar número de camas y la contratación de personal. El Gobierno de Canarias también ha impulsado líneas de crédito para los autónomos y pymes, y otras medidas de protección social como la paga única de emergencia para las familias. Estamos relativamente satisfechos.

—¿Qué grandes errores cree que se han cometido?

—Quizás se pueda achacar al Gobierno de España que no actuó con la suficiente antelación. También debería haber presionado mucho más a la Unión Europea para que diera una respuesta antes, porque la velocidad de reacción es fundamental. Tampoco creo que haya sido acertado imponer a los viajeros que lleguen de otros países un periodo de 14 días de cuarentena, una medida que caduca el 1 de julio. Aunque la norma no afecte al destino canario, porque las conexiones aéreas y marítimas siguen muy restringidas e imposibilitan el turismo internacional, se ha lanzado un mensaje negativo al exterior que puede hacer que los potenciales turistas frenen las compras de sus vacaciones en España para los próximos meses.

—El Gobierno canario presentará el Pacto por la Reactivación Social y Económica el 30 de mayo. ¿Qué expectativas tiene sobre su efectividad?

—El pacto es fundamental para reforzar los servicios públicos y sociales en Canarias, la sanidad, la educación... Nos tenemos que preparar a medio y largo plazo para lo que pueda suceder, para que nuestros sistemas sanitarios y socio sanitarios no colapsen en caso de un rebrote del coronavirus. El plan permitirá ampliar plantillas, el número de camas hospitalarias, fortalecer la atención primaria, o mejorar el sistema de atención de urgencias en los centros de salud. Son cuestiones por las que el sindicato lucha desde hace tiempo, y que no pueden esperar más.

—¿Qué iniciativas de las que incluirá el plan considera relevantes para impulsar la reactivación económica?

—Tenemos que llevar a cabo una reforma importante del IRPF que beneficie a empresas y ciudadanos. Una bajada en los tramos autonómicos implica que las familias cuenten con más dinero, lo que dinamiza el consumo. También se está trabajando para modificar y adaptar los presupuestos autonómicos. Para 2020 ya recogen una inversión superior a los 1.000 millones de euros para la economía y para generar empleo. Esa modificación debe dirigirse a impulsar y agilizar la obra pública, fundamental para reactivar la economía. También hay que garantizar mecanismos para que las pymes canarias accedan a esa obra pública y reforzar así nuestro tejido empresarial. Hay que impulsar las grandes obras, en carreteras, espacios públicos y turísticos para poner en marcha un sector, la construcción, que fue el gran perjudicado en la anterior crisis, y ahora debe ser el gran beneficiado.

—La especial dependencia del turismo ha provocado que se desmorone el mercado laboral canario. ¿Cómo cree que debe recomponerse?

—La posibilidad de prorrogar los ERTE ha creado un muro de contención para salvar al mayor número de empresas y trabajadores, lo que ha beneficiado especialmente al sector turístico. Ahora hay que trabajar en un plan de formación que debe pactarse con el Servicio Canario de Empleo y la Viceconsejería de Empleo. Es fundamental para frenar la escalada del paro y para cualificar y reincorporar lo antes posible a las personas que se queden sin empleo a otros nicho de mercado. Y aunque el turismo va a seguir siendo el motor económico, la formación debe permitirnos avanzar en la diversificación del modelo económico canario. Debemos incidir en la formación en nuevas tecnologías para superar la brecha digital, en el sector de la construcción, o las actividades relacionadas con la economía verde y la azul que tanto potencial de desarrollo tienen en Canarias.

—¿Qué otras medidas concretas propone UGT para la economía canaria?

—UGT considera que es el momento de promocionar las ventajas fiscales de la zona ZEC y la zona franca para atraer a empresas del exterior que vamos a necesitar, por ejemplo para impulsar la producción de productos sanitarios. Canarias tiene una posición privilegiada entre tres continentes, y contamos además con una gran red de telecomunicaciones, lo que nos permite posicionarnos como una gran plataforma tecnológica y logística.

—¿El pacto contempla acciones específicas para evitar el desabastecimiento de productos sanitarios fundamentales como las mascarillas?

—Es una de las cuestiones que el pacto debe atender. Tenemos que conseguir que las empresas se involucren en el archipiélago para tener acceso a productos sanitarios de primera necesidad como las mascarillas, o el gel hidroalcohólico. Eso se hace modificando la ley, de manera que el Gobierno de Canarias garantice a esas empresas la compra de los productos que fabriquen al precio de mercado de ese momento.

—La crisis sanitaria también ha puesto en evidencia la fragilidad del sector primario. ¿Qué se puede hacer para frenar su declive?

—Está claro que tenemos que fortalecer nuestro sector primario, y eso se hace también con inversión. Necesitamos un gran acuerdo con las empresas distribuidoras, multinacionales, los supermercados, para garantizar la compra de productos canarios, de forma que la actividad en el campo sea atractiva, y que tenga mercado. Es vital para reducir la dependencia de las importaciones, porque más de 85% de lo que se consume llega del exterior. Hemos dado la espalda al campo, y ahora nos hemos dado cuenta de que es esencial.

—¿Saldrá adelante la reforma laboral que reclaman los sindicatos en esta legislatura?

—Confiamos en ello. Si en 2012 el PP emprendió una reforma laboral que mermó los derechos de los trabajadores sin tener en cuenta a los sindicatos, que nadie se rasgue las vestiduras si ahora los trabajadores vuelven a conquistar los derechos que se les quitaron. Es fundamental recuperar esos derechos perdidos para garantizar una redistribución de la riqueza más justa.

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