Emergencia energética en Canarias

Los equipos de emergencia para evitar apagones tendrán un coste de unos 100 millones de euros

Por ahora la convocatoria, cuyo plazo de presentación de ofertas concluye el próximo jueves, 26 de octubre, ha despertado el interés de varias empresas. Entre ellas, según ha podido saber CANARIAS7, están interesadas Endesa, Disa, Totisa Holdings (que ha solicitado concesiones en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para instalar una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica) y el grupo balear Sampol Ingeniería y Obras (adjudicataria en el puerto de las Palmas del sistema de abastecimiento eléctrico a buques atracados). Si bien, son varias las empresas interesadas en esta convocatoria fuentes próximas apuntan a que no se trata de un negocio rentable para las compañías que se lo queden. Según señalan, muchas de ellas entran por una cuestión de «prestigio» no porque vayan a obtener altos beneficios.

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, Carlos Medina, es una de las voces más criticas con esta convocatoria a la que se refiere como «concursillo». En su opinión, tal y como ha planteado la Consejería de Transición y Energía del Gobierno de Canarias la convocatoria, genera mucha incertidumbre. Para empezar, no se da ninguna información de las tarifas y para seguir el servicio se da por tres años y es prorrogable año a año por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pero sin ningún tipo de garantía. «Las empresas que entren y se lo lleven deben tener músculo financiero porque tienen que hacer la inversión ellas aunque luego se lo paguen, no todas puedan optar», indica Medina, que deja claro que aunque la convocatoria sea por la vía de emergencia, ésta no implica ningún recorte en los plazos de tramitación de los proyectos y la concesión de licencias.

De ahí que afirma que el plazo dado por el Gobierno de Canarias para resolver la situación es «imposible» de cumplir. «En un año esto no va a estar. Nos vamos a ir por lo menos a tres años. Puede haber voluntad de agilizar pero son muchas las administraciones involucradas y numerosos los trámites», manifiesta. Para empezar, los equipos a instalar han de ser encargados y fabricados, algo que puede demorarse meses. Estos equipos son además de grandes dimensiones y superan los 10 metros, con lo que la ubicación para su instalación será compleja y después habrá que determinar el lugar y los puntos de enganche.

Medina apunta, además, que estos equipos generadores serán en su mayoría térmicos convencionales y quemarán combustible fósil. En su opinión, aunque algunos utilicen combustible renovables como el biogás o sintéticos, dada la emergencia, se presentarán ofertas de fósiles y desde hace diez años no se ha tramitado ninguno. En esta última década todo han sido renovables. «Habrá restricciones y problemas que retrasarán todo», asegura Medina. Como indica, si en Canarias la «burocracia infame» provoca que hasta las instalaciones de generación renovable se demoren hasta tres años, con estos equipos va a ocurrir exactamente lo mismo o peor. «Vamos a paso de tortuga. Apenas hay 1.000 megavatios renovables instalados nuevos y hemos retirado otros tantos de convencional y una no se compensa con otra porque la renovable no funciona todo el tiempo y exige más potencia», señala.

«En 2040 no habrá 12.000 megavatios de renovable como prevé el Ptcan. Supondría implantar 1,73 megavatios al día, proyectados, autorizados y construidos. Eso es imposible», dice. Además, advierte del rechazo social que despertará, ya que la población no está preparada para el consumo de suelo que supondrán placas y aerogeneradores.

El Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias ha solicitado a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, los informes anuales de cobertura que realizó Red Eléctrica de España (REE) entre los años 2016 y hasta la fecha y todos aquellos que fueran remitidos por el operador del sistema y que pusieran de manifiesto la existencia de riesgos en el sistema eléctrico del archipiélago y propusieran la instalación de equipos de generación para paliarlos.

También ha solicitado las peticiones hechas desde el Gobierno de Canarias al Ministerio de Industria desde 2016 y hasta la fecha de reconocimiento de las repercusiones económicas que tendrían la adopción de medidas de garantía del suministro.

El objetivo del Colegio de Ingenieros Industriales, según apuna su presidente, Carlos Medina, es esclarecer si REE cumplió con lo que establece el Real Decreto del año 2015 que le obliga a emitir un informe anual cada enero con un horizonte temporal a cinco años sobre el estado del sistema eléctrico de Canarias.

«Si ya el Plan de Transición Energética de Canarias llegó a la conclusión, tirando de los registros públicos de los grupos de generación, de que el 54% de ellos han superado la vida útil regulatoria (más de 25 años) en 2020, la pregunta es por qué REE no supo negro sobre blanco en sus informes», manifiesta Medina, que considera que en ese momento tendría que haber indicado al Ministerio de Transición Ecológica que era necesario activar ya el concurso en concurrencia competitiva.

Medina indica que lo que se busca con esa información es saber si REE hizo esa petición o no y qué ha comunicado a lo largo de estos años. «Vamos a insistir para que nos den los informes para aclarar la situación y determinar si se vulneró el criterio de seguridad o no», manifiesta.