¿Por qué el campo se resiste al cambio?

Recientemente, la crisis energética y el consiguiente incremento de los precios de los insumos, unidos a la creciente dependencia de productos importados, la desconexión de los recursos locales y el impacto del cambio climático, han rebajado el alcance de las políticas europeas para la transición hacia una agricultura más sostenible.

La Política Agraria Común (PAC), que representa un tercio del presupuesto total de la UE, ha apoyado económicamente a los productores agrarios con los objetivos de garantizar una renta justa y mejorar su competitividad y su posición en la cadena de valor.

Entre sus objetivos actuales también se incluye disminuir el impacto de la agricultura en los ecosistemas y la biodiversidad. Según el Plan Estratégico de la PAC de España, la herramienta para la consecución de dichos objetivos son los ecoesquemas.

Aunque son voluntarios para el agricultor, estos condicionan parte de los pagos a la implementación de prácticas agrícolas ambientalmente más sostenibles, como el menor empleo de fertilizantes y pesticidas sintéticos, el establecimiento de islas de biodiversidad y la rotación de cultivos.

Estas medidas, que cuentan con un amplio apoyo social y científico, han espoleado una reacción muy crítica por parte del sector agrario español y europeo. Este demanda una PAC menos burocrática y más flexible, la derogación de las exigencias ambientales, un incremento de los precios de venta y una mayor regulación de las importaciones de productos de países extracomunitarios.

Las posiciones políticas de algunos líderes agrarios abogan por la derogación de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, sin embargo, estas reivindicaciones contienen algunas inconsistencias que conviene matizar.

Los agricultores opinan

En un reciente proyecto de investigación desarrollado en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) hemos explorado las opiniones sobre la PAC y los ecoesquemas de una muestra representativa de agricultores de esta comunidad autónoma.

Nuestro estudio muestra que solo el 10 % de los agricultores encuestados está a favor de que la PAC deje de lado los criterios ambientales y de biodiversidad.

Si bien es cierto que la opinión respecto a los ecoesquemas es en general negativa, existe una gran diversidad. Más de un 60 % piensa que empeoran la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas respecto a la PAC anterior y un 40 % duda de su eficacia para crear una agricultura más sostenible.

Además, alrededor del 80 % de los encuestados consideran que se han diseñado sin contar con su punto de vista. Es decir, los agricultores creen que la PAC debe mantener los criterios ambientales, pero rechazan su actual diseño.

Por otra parte, el Eurobarómetro sobre Agricultura y PAC de 2022 revela que uno de cada dos europeos cree que los agricultores tienen la responsabilidad de proveer alimentos seguros, saludables, sostenibles y de calidad. Es lógico que lo demanden, pues son sus impuestos los que financian las ayudas de la PAC que perciben los agricultores.

Pero también es cierto, y en esto nuestros resultados coinciden con las reivindicaciones, que la gran mayoría de agricultores piensa que el mercado no paga un precio justo por la producción de alimentos.

Esta falta de remuneración por parte del mercado contribuye a explicar que más del 50 % de los agricultores esté en contra de que la PAC desaparezca progresivamente y un 70 % piense que deberían incrementarse los pagos.

Mayor participación en las decisiones

Nuestro estudio muestra las divergencias entre el relato mayoritario de los líderes agrarios divulgado en los medios de comunicación y las opiniones de los agricultores cuando se les pregunta de forma rigurosa. A estos últimos les importa el medio ambiente, aunque este mensaje no está llegando al público porque se están utilizando eslóganes simplificadores de la realidad del campo y no representativos de la diversidad de opiniones existente.

La agricultura y la alimentación constituyen el sector más sensible al cambio climático y uno de los mayores contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero. La necesidad de transitar hacia prácticas agrarias más sostenibles debería quedar fuera de cuestionamiento.

El actual rechazo a las políticas públicas que buscan facilitar dicha transición apunta a que los procesos a través de los cuales se han diseñado no cuentan con el apoyo de aquellos directamente afectados.

En este sentido, es urgente que el sector agroalimentario participe de forma más representativa y propositiva en la búsqueda de alternativas que permitan conducir la actividad agraria dentro de límites social, económica y ambientalmente seguros.