Uber se desvincula de sus prácticas anteriores a 2017: «Hoy somos otra empresa»

Ante estas duras acusaciones, la compañía aseguró este lunes que no son los mismos, ya que en 2017 con la salida de Kalanick hicieron una «profunda investigación» que llevó al despido de varios ejecutivos y se contrató a Dara Khosrowshahi como nuevo CEO. «Cuando decimos que Uber es una empresa diferente hoy en día lo decimos en el sentido más literal de la palabra: el 90% de los empleados actuales de Uber llegaron a la compañía tras la incorporación de Dara como CEO», explican en un comunicado remitido por el vicepresidente de Marketing, Jill Hazelbaker.

Explican que cuando nacieron hace una década no existía la regulación de 'ridesharing' en ningún lugar del mundo y fueron «trabajando con los gobiernos» para «modernizar o crear nuevas leyes» que dieran cabida a esta alternativa del transporte. En nuestro país, la compañía señala que desde que iniciaron sus operaciones (en 2014 con Uber Pop en Barcelona y posteriormente en 2016 con UberX en Madrid) «las regulaciones del Gobierno limitaron nuestra capacidad para operar en España». Como ejemplo ponen el decreto que fijó un límite al número de licencias VTC «en contra de la recomendación de la CNMC» emitido pocas semanas antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara al respecto.

Este jarro de agua fría para Uber es todo un reconocimiento para el sector del taxi, que se sienten satisfechos porque «ha quedado demostrado que Uber lleva a cabo prácticas de organización criminal y mafiosas». Así de contundente fue Tito Álvarez, fundador de Élite Taxi, una de las organizaciones que más se ha enfrentado a la compañía desde que aterrizó en Barcelona, durante una rueda de prensa en la que reveló que él ha estado «monitorizado» por Uber muchos años, recibiendo cartas anónimas en el buzón y llamadas a altas horas de la madrugada, lo que le llevó a tener que cambiarse de domicilio.

«Detrás del taxi hay familias, hemos pasado miedo y eso repercute en daños morales muy graves que ahora ya se conocen», señaló Álvarez. Además, aseguran que aunque desde 2017 «se han lavado un poco la cara», tienen claro que «lo siguen haciendo».

Además, pidió la dimisión de Cani Fernández, actual presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por su «implicación» con Uber como abogada de la empresa en el momento que realizaba presuntas prácticas ilegales para entrar en nuevos mercados. Así, la organización tiene previsto movilizarse ante las puertas de la CNMC para pedir su salida inmediata.

En Madrid, donde la política de los VTC es mucho más flexible, el presidente de Élite Taxi Madrid, Javier Fernández, indica a este periódico que está siendo «muy interesante» ver cómo se puede presionar a gobiernos enteros bajo el «disfraz» de economías colaborativas «que no generan empleo ni riqueza» a la sociedad. Por ello, esperan que dentro de poco tiempo se conozca el listado de políticos y periodistas que «han desprestigiado un sector regulado como el taxi frente a unas empresas que no cumplen las normas».

La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó que la plataforma intentó influir en la negociación de la 'Ley Rider', intentando «socavar» la democracia. «Ha sido un pulso de las grandes multinacionales contra un sector que crea empleo como son los taxistas, tiene que imperar la democracia», señaló Díaz.