RIC Private Equity, un fondo para invertir en el desarrollo de Canarias

Francisco López, accionista del Grupo Lopesan, junto con un grupo de empresarios canarios (Ángel Medina, José López, José Matos, Jesús Díaz, Juan Pérez, Carmelo Ramos -Grupo Spar Gran Canaria-, Cencosu, José Acosta -Grupo Acosta Matos-, Heriberto Etala -Grupo Capisa-, Santiago Mederos -Grupo Gestión Mederos- y Modesto Campos -Grupo Cement Investment-) han puesto en marcha una sociedad de capital-riesgo canaria, RIC Private Equity Investment Partners. En palabras del secretario de su Consejo de Administración (Enrique Guerra) y promotor -junto con Francisco López- de RIC Private Equity, “se crea con el objetivo de ofrecer una magnífica oportunidad para los profesionales y empresarios canarios para materializar sus dotaciones de RIC, pendientes y futuras, de forma fiscalmente segura y en empresas turísticas de primer nivel y solvencia de las Islas Canarias, coadyuvando al desarrollo económico y social del archipiélago como consecuencia de invertir grandes sumas de dinero en la rehabilitación y renovación de la planta alojativa canaria”.

El año 2020 lo ha iniciado RIC Private Equity con el estudio de varios proyectos de renovación y/o rehabilitación hoteleros, dos en Tenerife, tres en Gran Canaria y uno en Lanzarote, propiedad de empresas líderes del sector y con una inversión a financiar de más de cincuenta millones de euros.

RIC Private Equity fue constituida (inicialmente bajo la denominación A&G Capital Investment Partners, S.C.R., S.A.) el 10 de enero de 2019 con un capital fundacional de 1,2 millones de euros, siendo inscrita en la CNMV el 25 de octubre de 2019 con el número 295. Cuenta con el asesoramiento jurídico de Uría Menéndez (el abogado canario Juan Francisco Falcón, socio y corresponsable de la práctica de M&A y Private Equity, dirige al equipo legal que asesora a RIC Private Equity). Su depositario es Cecabank y tiene delegada las funciones de gestión de riesgo y de valoración en Intermoney Valora Consulting, S.A.

Para los asesores locales de RIC Private Equity no es la primera inmersión en un producto de similares características; cuentan con una dilatada experiencia en la materia, habida cuenta que Juan Carlos Rodríguez (asesor financiero de RIC Private Equity), junto con Eugenio Vidal y Enrique Guerra (asesores legales y fiscales de RIC Private Equity) promovieron y gestionaron durante 10 años (2003-2013) otro vehículo de inversión colectiva de la RIC (A&G Compañía Española de Fomento del Arrendamiento de Viviendas, S.A.) similar a la actual RIC Private Equity Investment Partners que llegó a concentrar una inversión de 55,5 millones de euros y que contó con más de 100 inversores.

El objetivo de RIC Private Equity es tener una amplia cartera de inversiones formada por participaciones en el capital social (60%) y préstamos participativos (40%) en empresas turísticas de primer orden para acompañarlas, durante un plazo entre 5 a 6 años, en sus grandes proyectos hoteleros en Canarias, a través de la vinculación de las acciones a determinados inmuebles.

Una vez transcurridos esos 5 o 6 años la fórmula de desinversión proyectada (tal y como se hacía con magníficos resultados en la referida A&G Compañía Española de Fomento del Arrendamiento de Viviendas, S.A.) consistiría la restitución al accionista del valor aportado y el beneficio obtenido mediante la entrega finalmente de efectivo, inmuebles o participaciones de una Socimi que, a su vez, contempla otra fórmula análoga de salida más, en su caso, el correspondiente complemento en metálico. En definitiva, “la desinversión de RIC Private Equity en el activo adquirido y de su accionista en ella se produce de forma sucesiva y simultánea”, afirma Enrique Guerra.

Para los empresarios y profesionales dotar RIC supone un importante ahorro fiscal en términos de TIR que puede rondar entre un 5,87% y un 13,41%, dependiendo que sea persona jurídica o persona física y de su tipo de gravamen e intereses de demora para el caso de que tuviera que reintegrar el beneficio fiscal, y “ante estas altas rentabilidades no puede entenderse que sólo un pequeño porcentaje de empresas y profesionales establecidos en Canarias realice dotaciones a la RIC, lo que solo puede obedecer al desconocimiento de opciones de inversión con la seguridad fiscal mínima necesaria”, entiende Enrique Guerra.

RIC Private Equity nace precisamente para evitar que un incentivo fiscal del arraigo de la RIC deje de ser utilizado por los empresarios y profesionales por la inseguridad fiscal que su materialización ha provocado en materia de interpretación y la falta de proyectos en los que invertir cuando no se cuenta con uno propio. La prueba más evidente la hallamos en la última emisión de deuda pública válida para la RIC emitida por el Cabildo de Gran Canaria en octubre de 2017, consistente en unos bonos a 5 años por importe total de 21,2 millones de euros a un tipo nominal del 0%, ya dicha oferta recibió solicitudes de 819 solicitantes distintos por un valor total de más de 529 millones de euros, es decir, casi 25 veces mayor al ofertado, lo que está obligando a los contribuyentes canarios, cada año, a reintegrar las cantidades dotadas a la RIC en la base imponible del IS o en la cuota íntegra del IRPF, con el consiguiente coste fiscal”, continua Enrique Guerra.

Con RIC Private Equity los empresarios y profesionales podrán materializar la RIC con la seguridad fiscal y jurídica que ofrece una entidad financiera de las características de la sociedad de capital-riesgo y con una rentabilidad financiera adicional a la fiscal y que aspira a ser la habitual del mercado de arrendamientos inmobiliarios.

La seguridad fiscal que ofrece invertir a través de una sociedad de capital-riesgo se encuentra en la propia normativa reguladora de la RIC que exige, a diferencia de la materialización directa o indirecta a través de sociedades que no tengan la consideración de entidades financieras como la sociedad de capital-riesgo, un test de idoneidad previo como instrumento válido de materialización de la RIC, que consiste, principalmente, en la supervisión por parte del Gobierno de Canarias, previo informe vinculante de la AEAT, del proyecto de inversión que va a ser financiado por RIC Private Equity. Ello incluso antes de la propia emisión de las acciones de RIC Private Equity lo que implica que, de antemano, los inversores conozcan ya la idoneidad de la materialización.

Además de lo anterior, la sujeción de las sociedades de capital-riesgo al régimen de autorización, supervisión, inspección y sanción a cargo de la CNMV dota de una extraordinaria seguridad jurídica y transparencia a RIC Private Equity, dado que todas las inversiones y desinversiones que realice estarán sometidas a un riguroso procedimiento interno de selección y condicionadas en todo caso a dicha supervisión indirecta por parte de la CNMV por medio de las funciones de revisión y verificación que del mismo hacen tanto la entidad depositaria (Cecabank) como la que realiza la unidad de control de riesgos (Intermoney Valora).

Asegura Enrique Guerra que todo lo anterior, pero sobre todo la seguridad fiscal de contar con una previa resolución administrativa de idoneidad del proyecto en el que invierta para la materialización de la RIC de sus inversores y la solvencia económica de las empresas en las que pretende invertir y de sus proyectos de inversión, son los elementos claramente diferenciadores de RIC Private Equity respecto de otras sociedades mercantiles e incluso de otras sociedades de capital-riesgo que han llevado a los accionistas actuales (todos ellos empresarios de renombre en Canarias) a embarcarse en el proyecto RIC Private Equity.

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