El presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán. / RC

Galán acusa al juez del 'caso Villarejo' de añadir indicios «imaginativos» para investigarle

El presidente de Iberdrola vuelve a la carga para archivar la causa tras su declaración y pese al último auto de García Castellón que desbarata su estrategia de defensa

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Ignacio Sánchez-Galán vuelve a la carga para archivar su investigación en el 'caso Villarejo'. Tras declarar ante el juzgado de la Audiencia Nacional el pasado 18 de enero, y una vez se ha conocido que la instrucción se ha ampliado hasta julio, el presidente de Iberdrola ha solicitado al juez Manuel García Castellón que le saque del procedimiento ante la «inexistencia de conductas penalmente reprochables».

Consciente del daño reputacional que le está generando esta causa, la defensa de Galán sigue enviando escritos al juez para evitar por todos los medios su procesamiento. Lo hace después de que el investigado declarara que el responsable de contratar con la empresa de Villarejo fue su jefe de Seguridad Antonio Asenjo, también encausado, que tenía «autonomía plena», y afirmara que fue él la persona espiada por el comisario jubilado.

Para los abogados de Galán, el auto de su imputación «no ofrece descripción fáctica que con claridad, precisión y coherencia permite colegir que ha haya hecho o dejado de hacer algo». Y asegura, a su vez, que «no corresponde al juez suplir las deficiencias del relato, añadiendo imaginativamente los datos fácticos necesarios para cumplir el tipo o la participación penal». Es decir, vuelve a señalar la conducta de García Castellón, en este caso le acusa de usar la imaginación para construir los indicios delictivos en su auto del pasado 3 de diciembre.

En este sentido, su representación legal deja claro que «la instrucción penal no está para iniciar un escrutinio destinado a averiguar si el investigado pudiera haber cometido algún hecho planteado como una conjetura». «Insistimos: no hay, en el repetido auto, descripción alguna, ni extensa, ni breve, ni somera, de comportamiento personal alguno del señor Sánchez-Galán. Absolutamente ninguna acción u omisión aparece afirmada como cometida o realizada por él».

Para incidir en este argumento, su defensa también señala, además del auto, al escrito del fiscal. «No dicen de él absolutamente nada, al punto de que ni siquiera aparece mencionado como interviniendo, de algún modo, en los hechos que se relatan como realizados, presuntamente, por otros investigados».

«Estándares mínimos»

Sobre las pruebas aportadas por el principal testigo de cargo, el exdirectivo de Iberdrola José Antonio Del Olmo, la defensa vuelve a desacreditar su denuncia y la implicación en los hechos de Galán. «El 'alguien me ha dicho que le han dicho' -resumen de la versión del señor Del Olmo- no supera los estándares mínimos para considerarse principio de prueba apto en orden a investigar penalmente a alguien», critican los abogados, en alusión al que fuera responsable de Control de Funciones Corporativas y al informe que realizó en 2004, donde reflejaba presuntas irregularidades y dejaba constancia de varias facturas, incluida una emitida por Cenyt, el grupo empresarial de Villarejo.

En este punto, el presidente de Iberdrola hace constar que «las anotaciones y documentos» de Del Olmo le atribuyen «el conocimiento de una concreta dinámica de facturación considerada irregular por el actuante». «Éste no tiene conocimiento directo de la presunta toma de razón, por mi mandante, de tal proceder, sino que tal información le viene referida, según dice, por Antonio Asenjo, exdirector de Seguridad Corporativa de Iberdrola», apunta el escrito.

Sin embargo, y a este respecto, su defensa recuerda que el propio Asenjo «ha dejado claro en sede judicial que jamás» informó a Galán sobre «las contrataciones hechas a Cenyt por la dirección de su cargo, como tampoco de los concretos encargos a que aquéllas se referían ni del resultado de éstos».

El escrito del presidente de Iberdrola llegó además un día después (viernes 28 de enero) de que el juez dictara otro auto que desbarató la estrategia de Galán y de la compañía, como persona jurídica. Rechazó la pretensión de invalidar los indicios delictivos aportados por Del Olmo sobre los encargos realizados a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017 (se abonaron 1,13 millones de euros). Reclamó a las partes pronunciarse sobre la protección de este testigo clave, imputó a otro responsable de Seguridad de la energética y prorrogó seis meses más las pesquisas, hasta finales de julio.