El empresariado exige revisar los precios de los contratos del sector público

La subida de la inflación no solo está afectando a los particulares que tienen problemas a la hora de alimentarse y pagar sus viviendas. En el día de ayer, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), a cargo de su presidente, Pedro Ortega, organizó junto a Garrigues, unas jornadas para hablar sobre la revisión de precios de los contratos del sector público ante la extraordinaria situación actual que se vive en todo el planeta. Allí, Ortega indicó que en este contexto, la inflación está «disparatada», algo que no sucedía desde «hace mucho tiempo». También especificó que existen unos contratos que no se han solucionado y que por tanto, «hay unos mil millones de euros que no han llegado y que por tanto no han tenido la capacidad de generar riqueza y empleo».

El acto contó con la intervención de Fernando Tejedor, Counsel del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente en Canarias de Garrigues, además de abogado del Estado en excedencia; Javier García, Of counsel del Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente en Oviedo; Javier Manchado y Javier Fernández, socios del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente en Madrid.

Durante la jornada, Tejedor explicó que el incremento «desorbitado» del precio de la energía, del abastecimiento del agua o del encarecimiento de la mano de obra en los últimos años debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está afectando a los contratos públicos». Todos estos factores «aboca al empresariado contratista a valorar seriamente comprometer la viabilidad de los contratos públicos incluso a sopesar la posibilidad de abandonar la relación contractual y renunciar a la licitación.

En segundo lugar, Tejedor mencionó que es «inminente», la aprobación en los próximos días, de una materia de revisión de precios, entre las que figurará «la reducción de la revisión periódica de los contratos públicos de uno a dos años».

Por su parte, Javier García, lamentó que los precios no estén incluidos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público. «El precio es algo que va inherente al contrato y por tanto debería estar sujeto a modificación si las condiciones originales cambian». Según los últimos datos publicados en 2022, García subrayó que «el 4,9% de los contratos del sector público queda desierto y 49,1% solo reciben una oferta», algo muy por debajo del máximo del 20% que recomienda la Unión Europea para este tipo de contratos.

Los ponentes, estuvieron de acuerdo en que hay una gran cantidad de contratos que no se parecen nada a cuando se firmaron. «Desde el momento de licitación a la adjudicación los cambios son brutales».

Por último, Javier Fernández habló del impacto que está teniendo el SMI en los costes de producción y afectando los márgenes de beneficios de las empresas. «En aquellos casos en que el contratista no pueda asegurar cubrir los gastos de la subida del SMI , se debe permitir modificar los contratos, como ya se hace en otras comunidades autonómas».

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