El Gobierno deja fuera de los ERTE a las empresas que no reanuden la actividad

En su última propuesta mejora las exoneraciones en las cuotas pero pone fin a la fuerza mayor total, lo que preocupa a sindicatos y patronal.

LUCÍA PALACIOS / MADRID

El Gobierno se muestra optimista de cara a lograr el respaldo de los agentes sociales a una nueva prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Por eso ha aplazado la aprobación de la nueva norma por dos veces y les ha enviado cuatro propuestas diferentes, la última este martes mismo, a través de un documento oficial. «Estoy segura de que estamos más cerca y de que el acuerdo se va a abrir camino. Estoy empeñada en ello», afirmó este martes la ministra de Trabajo.

Yolanda Díaz dejó claro que, aunque ella podría optar por legislar, el acuerdo sería «un plus», por lo que emplazó a los agentes sociales a que «una vez más» se comprometan con su país, ya que «no hay mayor certidumbre que empresas y trabajadores sepan que los agentes sociales vuelven a darse la mano». «Estamos avanzando, tenemos tiempo, pero hago un llamamiento para pedirles una vez más que se comprometan con su país», insistió. La fecha que el Ejecutivo baraja para aprobar esta nueva norma es este próximo viernes, para lo que habría que convocar un Consejo de Ministros extraordinario y, a poder ser, recibir antes el visto bueno de los agentes sociales.

Las organizaciones de los trabajadores ya han mostrado su predisposición a dar su apoyo a la nueva propuesta en la reunión que mantendrán este miércoles, pero más reacios se muestran los empresarios, a los que no termina de convencerles las nuevas condiciones y ven «difícil» alcanzar un acuerdo habiendo en estos momentos actividades que no pueden reanudarse en el mes de julio por las limitaciones de la nueva normalidad, según manifestaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.

Una vez que se ha superado lo que antes era una línea roja en la negociación, el plazo de tiempo, después de que los agentes sociales dieran su brazo a torcer de que sea solo hasta septiembre, el gran escollo se encuentra en las exoneraciones a las cotizaciones sociales. Ni a patronal ni a sindicatos les gusta el diseño que plantea el Gobierno y al que no parece dispuesto a renunciar: incentivar con mayores exoneraciones a los trabajadores que se reincorporan que a los que siguen en ERTE.

Más específicamente, el gran problema que ven tanto sindicatos como patronal es que en esta prórroga el Gobierno deja fuera a las empresas que en julio no hayan reanudado su actividad, ya que elimina los expedientes de fuerza mayor total. Es decir, si el 1 de julio una empresa no ha activado a ninguno de los trabajadores afectados por un expediente, no podrá acceder a los beneficios de esta nueva norma, al menos tal y como está redactada en la actualidad. Ni aunque se mantenga cerrada a consecuencia de las restricciones de movilidad y aforo, como así le sucede, por ejemplo, a un parque infantil de bolas, por lo que desde julio el empresario deberá pagar el 100% de las cotizaciones salvo cambio de última hora. Así lo denunciaron este martes tanto la patronal como UGT, que pretende que esto se solucione este miércoles mismo.

Rebajas entre el 30% y el 65%

A cambio de eliminar las bonificaciones de las cuotas para los ERTE por fuerza mayor completos (del 100% en el caso de las pequeñas empresas y del 75% para las de más de 50 empleados), el Ejecutivo ofrece un modelo único para los de fuerza mayor parciales que extiende además a los expedientes por causas objetivas (ETOP), que hasta ahora no tenían ningún tipo de bonificación. Además, mejora ese porcentaje de reducción respecto a la anterior propuesta y lo mantiene invariable tanto para los dos tipos de expedientes posibles como para los meses que estará en vigor: julio, agosto y septiembre (en el anterior texto se iba reduciendo).

Más concretamente, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 30% para los empleados que se mantienen en el ERTE y del 45% para los que regresan a la actividad. Para las más pequeñas, estos porcentajes se amplían al 40% para los que están con el empleo suspendido y el 65% para los que vuelven a su actividad.

Para beneficiarse de estas reducciones, no podrán despedir, hacer nuevas contrataciones ni pedir horas extra a sus trabajadores, pero además ahora el Gobierno les prohíbe externalizar cualquier actividad hasta el 30 de septiembre.