Tráfico en una carretera española. / efe

Competencia multa con 61 millones a las grandes constructoras por repartirse licitaciones

La CNMC desmantela el cártel del que forman parte gigantes del sector como ACS, Acciona, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr

Clara Alba
CLARA ALBA

Golpe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las grandes constructoras. El organismo ha impuesto una multa de 61,28 millones de euros a 12 empresas del sector por una infracción constitutiva de cártel en la que estas compañías, entre las que se incluyen gigantes del sector como Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr, alteraban las licitaciones para la conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009.

Las empresas sancionadas se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 por valor de 530 millones de euros. Es decir, el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio, lo que da idea del alcance de este cártel en el que también participaban numerosas empresas de menor tamaño.

Entre ellas, precisamente, hay una que ha visto reducida en un 50% su multa. Se trata de Aceinsa, que habría aportado pruebas de lo sucedido.

Los apaños para repartirse estas licitaciones quedan reflejados en el comunicado de la CNMC, en el que se explica cómo estas empresas quedaban de forma periódica «para tomar café» y, en esas reuniones, pactaban una 'cesta' en la que mezclaban ofertas ganadoras con otras de cobertura para dar la sensación de competencia en las licitaciones. El ganador de las mismas, siempre estaba dentro del grupo.

El mecanismo es, en realidad, bastante completo. Según explica Competencia, estas empresas dividían en grupos las licitaciones de Fomento acordando criterios comunes de presentación de ofertas económicas para cada uno de ellos. Después, se asignaba una «bolsa» de puntos para cada empresa y grupo de licitaciones y esta se iba consumiendo en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto inicial de contratación. «Cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos», indica la CNMC.

Con este sistema, estas empresas lograban limitar el número de contratos en los que cada empresa podría presentar fuertes descuentos, ya que el número de puntos de la bolsa estaba calculado para que no se pudieran presentar descuentos a todos los contratos de cada grupo de licitaciones.

Competencia tiene claro que este complejo sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, «presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura».

Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.

«El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección», indican desde la CNMC.

Tras la resolución, se espera que las empresas interpongan recursos contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Tienen un plazo de dos meses para hacerlo. Al menos, en lo que se refiere a las grandes.

La multa no ha sido la única consecuencia de la mala praxis de las constructoras señaladas. También se ha solicitado a la Dirección de Competencia que se analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción. Y se ha activado el mecanismo que prohíbe a estas empresas contratar con la Administración. No obstante, este tipo de sanciones suelen venir seguidas de una avalancha de recursos judiciales que permiten a las compañías seguir presentándose a concursos públicos, como ya ocurrió, precisamente, con varias de las contructoras ahora sancionadas en 2019 por repartirse las obras del AVE.