Hacia un modelo neerlandés de vivienda protegida

Pasaron las elecciones y, en pocos meses, las noticias sobre el alza de los alquileres colocaron el problema de la vivienda como el tercero en las preocupaciones de los ciudadanos españoles. Y en diciembre de 2024 se posicionó como el primer problema de los españoles hasta hoy.

Es por ello que las políticas de vivienda establecen hoy arduos debates, a pesar de lo estudiado del asunto y de que gran parte de las propuestas habituales sobre la materia se han experimentado de alguna manera en distintos lugares del planeta, conociéndose sus resultados. Sin embargo, el debate encendido persiste, y presiona las políticas públicas en la materia en un asunto que precisa de mucho tiempo para ver resultados, pero cuyas demandas son para ayer. Y, para rematarlo, se han incorporado debates paralelos en materias también controvertidas, como el modelo turístico y la aparición de las viviendas vacacionales para hacer más complejo el abordaje sin caer en la demagogia.

Por eso, de forma sucinta, me gustaría dejar claro dos asuntos en los que hay amplios consensos (aunque no lo crean, los hay), para establecer hacia dónde vamos en las políticas públicas de vivienda.

En este país, desde los años 50 del siglo XX se han realizado importantes inversiones en vivienda protegida, en sus distintas modalidades (no voy a entrar ahora en las calidades, ubicaciones o formatos de esas viviendas). Al albur de las distintas oleadas de población en su éxodo del campo a las ciudades y el crecimiento demográfico se construyeron inmensas extensiones de barrios nuevos en los entornos periurbanos, que cambiaron la fisonomía de nuestras ciudades por décadas. A esto no fue ajeno Canarias y, especialmente, sus dos zonas metropolitanas. El problema es que este parque de vivienda pública fue privatizado de forma sistemática, con la connivencia de todas las fuerzas políticas, en el erróneo entender de que se cumplía con los anhelos de sus usuarios cuyos proyectos de vida, durante muchas décadas, no se entendían sin el acceso a la propiedad de la vivienda. Se da la paradoja de que hoy se emplean más recursos en rehabilitar o, directamente reponer (esto es, tirar y construir casas nuevas), que en construir vivienda protegída de nueva planta, dado que las familias que accedieron a la propiedad de esas viviendas con algún tipo de protección pública en el pasado, hoy no son capaces de mantener el correcto estado de conservación de urbanizaciones enteras en todo el país.

El resultado hoy es que España tiene en torno al 3% de vivienda protegida en referencia a la planta residencial total, y en Canarias a duras penas superamos el 1%. Esto es importante resaltarlo porque el primer consenso, que no unanimidad, sobre la vivienda, es que la acción del libre mercado puro y duro imposibilita el acceso a la vivienda, no ya a las clases más desfavorecidas, sino a las clases medias. Por lo que, en un mercado limitado por la escasez de suelo disponible y las complejidades burocráticas y constructivas de ejecución de una vivienda, nos obligan a las administraciones públicas a actuar sobre dicho mercado. Se ha hecho de muchas maneras, pero el más respaldado es hacerlo sobre la oferta, construyendo muchas más vivienda protegida. Lo que nos lleva al segundo consenso hoy, esto es, que hay que construir vivienda pública exclusivamente en régimen de alquiler asequible. Esta segunda variable se ha incorporado recientemente y en Canarias ya tiene reflejo legislativo, pero observo con preocupación que desde las filas del Partido Popular se vuelve a cuestionar.

Así que debemos tender hacia un modelo neerlandés en el que los parques de vivienda protegida se acerquen al 20% de la planta residencial y tengan rotación a través de la permanencia de esta como parque público de vivienda (aunque se puedan estudiar modelos de larga estancia en ellas, más cercanos al modelo vienés). Esto requiere un esfuerzo de todas las administraciones públicas por comprar suelo, urbanizarlo y construirlo, al tiempo que activamos todos los resortes legislativos para que el sector privado vuelva a ser el promotor principal de vivienda pública, como lo era antes de 2008. Esto requerirá tiempo, paciencia e ingentes recursos públicos.