Sede de Iberdrola en Madrid. / afp

Anticorrupción acusa a Iberdrola Generación de manipular los precios de la energía

La Fiscalía solicita una multa de 83 millones a la compañía y condenas de dos años a cuatro directivos de la compañía por inflar el precio de las hidráulicas en el invierno de 2013

C. A. Madrid

Nuevo lío judicial para Iberdrola. La Fiscalía Anticorrupción ha lanzado este lunes un escrito de acusación contra Iberdrola Generación (el negocio de producción de energía eléctrica de Iberdrola) y cuatro de sus directivos, a los que acusa de un delito contra el mercado, al considerar que maniobraron para manipular los precios de la energía en 2013, perjudicando a los consumidores.

La Fiscalía solicita sentar en el banquillo con la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional a Ángel Chiarri Toscano, Director de Gestión de la Energía, Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Según consta en el escrito de acusación, solicitan que Iberdrola Generación sea condenada al pago de una multa de más de 84,8 millones de euros, ante el sistema que que, según denuncia anticorrupción, la compañía ideó para «incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».

Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013, Iberdrola Generación habría aumentado «sin causa legítima que lo justificara» el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel porencima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, «a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad».

Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas. Es decir, dejaron de producir energía. Según denuncia la Fiscalía, entre el 2 de noviembre y el 29 de noviembre de 2013, la oferta despachada no superó los 70 euros por megavatio hora (MWh), concentrándose el 91,48% de la misma -866,4 GW- en una banda de precios inferior a los 50 euros MWh.

En lo que respecta a la energía no despachada, el 48,13% de la energía ofertada 1.217,3 GW- lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 euros por MWh,

Del mismo modo, aseguran que entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de aquel año, el 32,54% de la energía despachada -183,7 GW- lo fue en una banda de precios superior a los 80 €/MWh. «De la energía ofertada no despachada, 2.655,9 GW, -el 94.33% -2.505,3 GW, lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 €/MWh», indican.

Bajo este escenario, consideran que Iberdrola quebrantó el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, «provocando la reducción de generación eléctrica de las hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado».

Estas tenían un coste superior y manejaban un rango de precios también más elevado, situado entre los 80 y los 90 euros por MWh, frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado entre 45 y 55 euros.

«A partir del 24 de diciembre de 2013 el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables», explican desde Anticorrupción. Así que la consecuencia inmediata por «el artificio urdido y llevado a cabo por los acusados» fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros por MWh, según la acusación.

Esto habría ocasionado un perjuicio a la demanda de, al menos, 107,34 millones de euros. En concreto, las reclamaciones de 18 empresas comercializadoras que han reclamado a la compañía ascenderían, según lo estimado, en más de 10,56 millones de euros. El resto hasta llegar a los 107,34 millones habría sido soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos.

«Iberdrola Gestión despachó en el período que nos ocupa 2.965.779 megavatios (2.965,779 GW), lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros», añade en su escrito la Fiscalía.