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La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, subrayó que uno de los principales requisitos que se solicita a la hora de poder recibir encargos de obras es tener medios suficientes, algo que están lejos de cumplir las empresas públicas, que pese a «estar quitándonos los trabajadores ofreciendo el doble de salario para atraerlos» siguen sin tener «medios suficientes» para hacer realidad esos encargos. Denuncia que esto está causando una fuga de trabajadores del sector privado que se acentúa cuando, debido a los problemas de personal, se ven forzados a subcontratar el 100% de la obra. Esto supera el límite del 50% establecido para las subcontrataciones. «Encima lo subcontratan dándole 95 puntos al precio, es un escándalo».
Asimismo, señaló que este preoceso se realiza «a sabiendas» por parte de las administraciones, como mecanismo para «evitar su propia incompetencia, porque como no pueden con su propia burocracia y se asfixian en su propia burocracia, lo que hacen es evitarlas, no sacar las obras a concurso, o sacarlas para que se queden desiertas por debajo del precio de mercado, para poder desviárselas a Tragsa».
Salud Gil aclaró que lo que está ejecutando Tragsa es «obra real», por lo que se está «usurpando y confiscando la actividad privada», por lo que vio necesario que la sociedad reflexione si España está buscando cambiar su modelo económico y cuestionarse si hay una tendencia del Estado a sustituir a la iniciativa privada por la iniciativa pública. «¿Están el resto de administraciones públicas canarias de acuerdo con esta cuestión y son cómplices y van a seguir siendo cómplices de este tema? Esa es la gran pregunta», concluyó.
El sector privado de la construcción ha mostrado su total hartazgo con la actual estrategia de las administraciones públicas en Canarias, tanto del Ejecutivo regional y estatal como de cabildos y ayuntamientos, en relación al exceso de uso de las empresas públicas para encargos de obra e ingeniería, priorizándolas y demonizando a las empresas privadas.
Desde la patronal de constructores de Las Palmas (AECP), consideran que el problema reside en que las administraciones, a la hora de sacar las obras a licitación, lo hacen con precios por debajo del valor real, lo que en muchas ocasiones deriva en que queden desiertas. Llegados a ese punto, denuncian los constructores, las administraciones adjudican «a dedo» esas obras a empresas públicas, como puede ser Tragsa, Gesplan, Tragsatec o Acuaes, y además lo hacen por un valor muy superior al estipulado originalmente.
Según la presidenta de la AECP; María de la Salud Gil, las administraciones públicas están desviando «intencionadamente» los encargos de obras a las empresas públicas, «abusando» de las prerrogativas que les otorgan las normas haciendo uso «de su papel dominante». El propio consejo vinculado al Tribunal de Cuentas apunta a irregularidades y señala que el 91% de los expedientes no están justificados. «Están bordeando la ley», afirma Salud Gil.
Además de estos encargos directos existe un comportamiento «absolutamente oscurantista», ya que las empresas públicas facturan las obras a precios de mercado. «Si la obra está licitada en 200 millones y vale 300, Tragsa factura 300», ejecutando la obra por el mismo valor que lo haría una empresa privada a precio de mercado. «Sacan obras a precio por debajo del mercado y después, cuando queda desierta, se lo dan a la empresa pública a precio de mercado. Eso es una estafa», afirma contundente.
Esto hace que lleguen a duplicarse los costes de la licitación, que según Salud Gil, ni siquiera «se terminan a tiempo» ni está garantizada su calidad. Para más inri, en muchas ocasiones las empresas públicas subcontratan a tercero los trabajos, llegando al 100% de la obra.
Esta táctica de las administraciones públicas supone, según la patronal, un «flagrante» caso de competencia desleal, precarizando el papel de la empresa privada en el sector y yendo contra el principio constitucional de economía mixta libre de mercado. «Están confiscando actividad privada y usurpando el papel de las empresas en el mercado».
Entre 2018 y 2024, en Canarias se han dado a empresas públicas 762 obras por valor de casi 900 millones de euros. La administración central se lleva la palma, con 414 millones; a continuación se sitúa la administración local con 248 millones y finalmente el Gobierno de Canarias con 200 millones.
Solo en 2024, de enero a noviembre, el conjunto de las administraciones adjudicó en Canarias un total de 204 obras a empresas públicas por un total de 347,5 millones de euros, un 290% más que hace tan solo dos años, cuando se hicieron 107 obras por un valor de 89 millones de euros. De ese total, 261 millones fueron dispuestos por el Gobierno Central, 55 millones por los cabildos y ayuntamientos y 31,6 millones por parte del Ejecutivo autonómico. En cuanto al número de obras, la mayor diferencia respecto a los años anteriores también se observa en las obras que han ido a parar a empresas públicas en proyectos del Estado. Las 89 obras de 2024, suponen un 535% más que en 2022 y un 270% más que en 2023.
Sobre la creación de la nueva Empresa Pública de Vivienda por parte del Gobierno nacional, Salud Gil considera que «queda de manifiesto» que el Estado ya cuenta con una promotora y constructora pública a la que «manejar y desviar» la actividad y los fondos públicos, condenando a las empresas privadas a servirles de comparsa y someterse al yugo de sus precios imposibles. Además tildó este ejercicio de «auténtica trilería tutelada por el Gobierno Estatal» y secundada por el resto de las administraciones públicas».
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