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Imagen de un edificio en construcción en el barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso
Casi 700 millones dejaron de entrar en la construcción en los últimos cinco años

Casi 700 millones dejaron de entrar en la construcción en los últimos cinco años

Los constructores consideran «acuciante» un 'pacto por la gobernanza' en el que el sector tenga un papel esencial y protagonista

Javier Sheng Pang Blanco

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de septiembre 2023, 19:14

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La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y la Promoción (AECP), María de la Salud Gil, destacó que el 'pacto por la gobernanza' que vienen reclamando desde hace meses ya no es un asunto «urgente sino acuciante» y que es necesario que el sector tenga un papel «esencial y protagonista» a la hora de tratar la gestión de los fondos europeos, el Plan de Vivienda y la licitación pública. «No más obras desiertas, no más pliegos de condiciones tendiendo a la subasta y de competencia desleal utilizando empresas públicas». La construcción es un sector «leal, fuerte y propositivo que se pone al servicio del Gobierno y de Canarias para llevarlo a cabo, es ahora o nunca», indicó Gil.

La representante de los constructores citó en más de 700 millones de euros la cantidad de dinero que ha dejado de entrar para generar actividad en el sector en los últimos cinco años, ya que entre los años 2018 y 2023 sólo la empresa pública Tragsa ha ejecutado 571 obras por importe de cerca de 468 millones de euros, y en el periodo de 2021 a 2023 han quedado desiertas obras que suman los 206 millones de euros.

Entre sus demandas figura la protección institucional y que se declare la política de vivienda como estratégica, con objetivos que deben superar las 3.000 viviendas públicas anunciadas para esta legislatura por el nuevo consejero, ya que, según Gil, habría que construir 8.000, algo factible porque hay «marco jurídico, dinero y voluntad del sector».

«Las administraciones públicas huyen de la gestión, el éxito y la eficacia»

María de la Salud Gil resaltó el negacionismo administrativo que «blinda y bunkeriza a la administración pública». Asimismo, afirmó que el teletrabajo está «afectando a los servicios que se prestan a la ciudadanía y está claro que la administración ha dado la espalda a los ciudadanos y a la eficacia». Gil opinó que a partir de la pandemia, la Administración ha cerrado sus puertas y que parece que «se mira por encima del hombro», a la hora de otorgar una cita previa o atender una llamada telefónica. «No hay tiempo de estudio, hay que actuar». Indicó que tienen certeza de que las administraciones públicas huyen de la gestión, del éxito y la eficacia para evitar colapsos administrativos. «No están dispuestos a asumir ese volumen de trabajo».

La presidenta de la AECP indicó que es importante fijarse «en las cosas que podemos controlar», como que Canarias «no se sitúe a la cola en el uso de fondos europeos» durante el periodo comprendido entre 2014 y 2020 o que solo se haya ejecutado el 18% de los 1.400 millones de euros disponibles de los fondos Next Generation. «La inversión pública es tímida, pobre, licita por debajo de los precios de mercado y esto genera obras desiertas». Gil añadió que «somos líderes en la caída de la compraventa de viviendas y los precios y el alquiler siguen subiendo» por lo que hace falta «proveer de oferta al mercado», para así evitar que se tensione.

Gil quiso destacar, que tampoco piden imposibles y prueba de ello es que «cuando un responsable público tiene una motivación poderosa, como puede ser ganar las elecciones, hace funcionar la maquinaria». A su vez, consideró necesario «que se elijan motivos más nobles» y avisó que «el escrutinio a la gestión política es diario y permanente». Gil basó su opinión en que durante la campaña electoral la licitación creció un 21,85 % en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022, y sobre todo en el periodo de marzo a mayo, cuando se licitó el 73 % del total, 460 millones de euros.

Reunión con Clavijo

La presidenta de la AECP, informó que esperan mantener esta semana una reunión con el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo y con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para poner en marcha el pacto y atender la demanda de vivienda en las islas, que estima en 40.000 familias.

Según Gil, el acuerdo debe poner freno a que las convocatorias de obra pública queden desiertas y se siga favoreciendo a las empresas públicas, como Tragsa, incurriendo en una «competencia desleal». También solicitó que se «impulse la rehabilitación y la disposición de suelo y se ponga a la venta las viviendas de protección oficial», que son medidas del Plan Canario de Vivienda y que no se están ejecutando.

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