Los empresarios canarios plantean medidas contra la «extensa y pésima» calidad normativa
La CCE denuncia que la normativa canaria es demasiado compleja. En 2022 se produjeron 284 normas y 121 anuncios de corrección de errores
Javier Pang
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 23 de febrero 2023, 11:50
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) presentó ayer sus demandas empresariales para la nueva legislatura (2023-2027) en el ámbito de Canarias entre las que destacan las medidas transversales necesarias para mejorar la competitividad de las empresas isleñas y garantizar la recuperación económica. Dentro de este paquete de medidas llama la atención la «excesiva» producción normativa y «la mala calidad» de las normas, la cual está condicionando la inversión del sector productivo.
La patronal denunció ayer la pésima calidad de las normas y abogó por que empiecen a ser «claras, sencillas, entendibles y que ofrezcan garantía jurídica», de la misma manera que ven necesario terminar con la «dispersión» del ordenamiento jurídico de cara a fomentar la inversión y la actividad económica en las islas, expresó su vicepresidente, José Cristóbal García.
Además de la complejidad normativa, los empresarios se quejaron de que cada vez es menor la participación de los sectores empresariales representativos a la hora de elaborarlas, lo que repercute en su calidad técnica y deriva en «numerosos textos posteriores de corrección de errores. Es fundamental el consenso entre ambas partes para mejor la calidad de la normativa» afirmó García.
Según sus datos, solo en 2022 se produjeron 121 anuncios de corrección de errores en los boletines de la comunidad autónoma. «Todas estas circunstancias generan un perjuicio a la actividad económica y a futuras inversiones, además de que se incrementa la litigiosidad», apuntó García. Cabe recordar que según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, que refleja los datos del tercer trimestre de 2022, Canarias es la comunidad autónoma con más litigiosidad de todo el país.
En los últimos cuatro años de legislatura se han aprobado más de 1.100 textos normativos en las Islas Canarias
Otro de los aspectos necesarios para conseguir la recuperación económica del archipiélago es la mejora de la eficiencia del sector público y la simplificación de trámites burocráticos. El vicepresidente de la patronal subrayó que «la administración debe centrarse en ser un elemento proactivo en la promoción económica y no solo un garante del suministro de servicios públicos».
Para asegurar las mejoras del sector público, la CCE considera necesario mejorar la eficiencia en el gasto público, modificar la ley de contratos del sector público para reducir el aumento de los costes de producción y dotar a Canarias de un marco tributario moderno y competitivo que impulse la actividad y el empleo, evitando incrementar las cargas a la actividad empresarial.
La patronal también insistió en la formación como elemento determinante en el ámbito de la creación y mantenimiento de empleo. García manifestó que es urgente actuar sobre los dos sistemas educativos más inmediatos a las carreras profesionales la formación profesional y la universitaria. «La FP está llamada a ser una de las apuestas por la cualificación de los recursos humanos, es una oportunidad para conseguir un ajuste real entre las demandas de las empresas y la cualificación de las personas», indicó García.
Otro aspecto a mejorar para la patronal es mejorar la aplicación de la Reforma Laboral, reducir las cotizaciones sociales, actuar en relación a la economía sumergida y mejorar los contratos de colaboración público-privada. «Hay que romper con falsa ideología de que lo público y lo privado no deben coexistir. Si aprovechamos todos estos recursos empezaremos a ser más eficientes», señaló el vicepresidente.
Desde la patronal también destacaron la importancia de cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo que hará falta seguir buenas políticas de economía circular, sostenibilidad y energías renovables.
La CCE manifestó su desacuerdo con que los funcionarios de las administraciones públicas desempeñen el teletrabajo, considerándolo una grave irresponsabilidad. «Los ciudadanos merecemos que el trabajador esté en su puesto y nos ofrezca un trato personalizado, que simplifique los problemas y no los haga más complejos», conluyó García.
Retos de futuro para la modernización de la economía canaria
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Conectividad. Elemento clave para el crecimiento económico. La condición de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) la hace muy vulnerable ante cualquier cambio que afecte su conectividad. La carga impositiva sobre el queroseno podría dañar la competitividad de Canarias. Desde la CCE abogan por la exclusión de cualquier recargo impositivo en los vuelos con destino y origen en Canarias.
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Colaboración público-privada. ase fundamental para la creación de empleo. La patronal considera necesario evolucionar hacia un proyecto más moderno, para lo que hace falta superar los prejuicios ideológicos que impiden que estas fórmulas avancen y mejoren la eficiencia en sectores claves para el desarrollo social y económico, para lo cual, el marco institucional debe ser ágil y no suponer un obstáculo como es actualmente.
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Sectores emergentes y estratégicos. En un mercado tan globalizado y competitivo, la dinamización del emprendimiento es la mejor manera de crear empleo. Para ello, es vital garantizar el desarrollo y crecimiento de la región, impulsando la inversión pública en infraestructuras estratégicas como son puertos, aeropuertos, carreteras, redes de transmisión de datos e infraestructuras energéticas.
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Fondos Europeos. Los fondos europeos deben ayudar a lograr los objetivos canarios de reducción de dependencia energética del exterior para lo cual deben gestionarse de forma ágil y eficiente para que lleguen a todos los sectores y empresas. La CCE confirmó que estos fondos europeos todavía no están presentes en la economía real. Han salido a convocatoria, están adjudicados pero todavía no se están ejecutando.
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Desarrollo digital. Canarias necesita reforzar las políticas de capacitación digital entre trabajadores y empresas, consolidando programas para afrontar la digitalización, incrementar las ayudas a las I+D+i, especialmente las Pymes, y fortalecer la financiación e innovación empresarial, con ventajas fiscales por proyectos tecnológicos y una menor tributación indirecta sobre los contenidos digitales, culturales y educativos.
