El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias
Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y Naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»
El futuro de la central nuclear de Almaraz está en manos del informe que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre seguridad radiológica ... después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias, presentasen el jueves una petición formal «sin condiciones» para alargar la vida útil de sus dos reactores hasta 2030. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó este viernes que las titulares no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos por la que venían batallando para ampliar el calendario de cierre.
Esta cuestión -que una extensión no supusiese en ningún caso trasladar costes a los consumidores- era una de las tres líneas rojas que impuso el Ejecutivo para iniciar una negociación formal. Aagesen incidió en que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que han sido las eléctricas las que finalmente han cedido después de conseguir, eso sí, que la Junta de Extremadura rebaje un 50% la tasa autonómica que paga la central en los próximos años. Una medida que podría, no obstante, verse condicionada por el adelanto electoral en la región.
El segundo cambio respecto a la propuesta que recibió el Ministerio de Iberdrola y Endesa en junio es que la prórroga es de tres años, por lo que el calendario de cierre nuclear en 2035 se mantiene tal y como pactaron las empresas con Enresa en 2019.
Sin fecha para el informe
Salvados estos dos obstáculos, el único escollo pendiente tiene que ver con la seguridad. Es el CSN el que debe certificar que se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear para retrasar tres años el cierre previsto. «Es el que debe avalar o no que la central puede seguir operando en condiciones de seguridad», insistió Aagesen. Para dar el sí definitivo, el Gobierno quiero esperar a ver «si se cumple esa línea roja de seguridad» mientras fuentes del sector dan por hecho este paso ya que la central extremeña tiene permisos de seguridad en regla hasta 2030.
El Gobierno no tiene previsto solicitar un informe a Red Eléctrica en esta fase, ya que, según la normativa, dicho informe es preceptivo únicamente en caso de cierre, no de prórroga, según informó la ministra. Y en cuanto a la solicitud de las eléctricas para congelar el procedimiento de cese que está en marcha para cumplir con la orden ministerial de 2020, el Gobierno es tajante. «Nos lo han solicitado, sí, pero no nos compete. Es una cuestión que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. En materia de seguridad nuclear, el Gobierno no se va a posicionar», subrayó.
La titular de Transición Energética se escudó en su intención de no «prejuzgar» lo que pueda decir este organismo, independientemente de si eso aboca a un choque frontal con Sumar, que este viernes volvió a esgrimir en boca del ministro Ernest Urtasun el pacto de Gobierno firmado con el PSOE. «Hablamos de seguridad nuclear. No podemos fijar fechas ni hacer valoraciones previas. Cuando llegue el informe, veremos qué dice y actuaremos en consecuencia», zanjó Aagesen.
La prórroga, lejos de quedar se resuelta, podría dilatarse hasta el mes de septiembre de 2027. El procedimiento legal da al CSN margen para emitir su informe hasta dos meses antes del cese de actividad de la central, previsto para el 1 de noviembre de ese año.
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