El diputado del Común alerta del difícil acceso a una vivienda digna en Canarias

Yanes hizo estas declaraciones en el Parlamento de Canarias tras entregar a su presidente, Gustavo Matos, el Informe Anual de 2022. Además, Yanes avanzó algunos datos y reflexionó sobre algunos casos que preocupan a la institución y que han sido queja constante durante el último año de estudio. La vivienda fue de los ámbitos que mayor número de quejas acaparó en 2022, solo superado por las reclamaciones presentadas por discapacidad y dependencia. Según apuntó Yanes, es una de las grandes preocupaciones de los canarios.

En concreto, en 2022 se presentaron 215 quejas relacionadas con vivienda, lo que supone un 64% más que un año antes. Entre los nuevos expedientes, 112 se iniciaron a instancia de parte, mientras que 103 fueron abiertos de oficio. Un dato sorprendente si se compara con las investigaciones de oficio abiertas durante 2021, en que no se había iniciado ninguna.

Estas quejas no hacen más que evidenciar, a juicio del diputado del Común, la delicada situación económica y social que atraviesan las familias que se encuentran en riesgo inminente de desahucio, cuya necesidad de vivienda es desesperada, sin que las administraciones, en la mayor parte de los casos dispongan de los recursos necesarios para atender sus demandas, ya sea mediante la concesión de ayudas para el alquiler o la entrega en propiedad o en arriendo de viviendas protegidas, según se recoge en el informe. Todas ellas representan un 63% de las quejas admitidas a trámite en 2022.

Yanes insistió en la necesidad de seguir construyendo viviendas públicas. Durante la década de los años 90, Canarias vendió unas 20.000 viviendas en alquiler a sus inquilinos por razones de interés social y «se olvidó de construir otras 20.000 por lo que veo necesario invertir en una nueva ola de construcción de vivienda pública y que la legislación impida su venta a manos privadas», señaló.

Desde hace meses la presidenta de los constructores (AECP), María de la Salud Gil, lleva reclamando al Gobierno de Canarias un plan de vivienda que dé respuesta a los más de «20.000 demandantes insatisfechos». Según indica, esa debe ser la «prioridad» del Ejecutivo.

Durante 2022 las quejas que ocuparon un lugar más destacado en el área, son las relacionadas con irregularidades en la convocatoria, tramitación, resolución y ejecución de las ayudas al alquiler, como con la necesidad de vivienda y situaciones de desahucio. En lo relativo a poner un tope al precio del alquiler indicó que es un debate que corresponde a las formaciones políticas.