Pedro Sánchez, junto al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. / Efe

Once alcaldes de nueve partidos diferentes se rebelan contra Hacienda

Han pactado un documento de rechazo al real decreto de financiación de entidades locales acordado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias

Cristina Vallejo
CRISTINA VALLEJO Madrid

Después del conflicto que el Gobierno libró a principios de año con las comunidades autónomas a cuenta de la liquidación del IVA de 2017 por un cambio normativo efectuado que implicó que, a efectos contables, ese año sólo tuviera once meses, lo que dejó en el aire 2.500 millones que las autonomías reclamaron al Estado, algunas de ellas incluso iniciando procesos judiciales, ahora la batalla lo enfrenta con los ayuntamientos.

Si bien la Federación Española de Municipios y Provincias dio su visto bueno este mismo lunes a la fórmula planteada por Hacienda para que las corporaciones locales puedan utilizar sus remanentes para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, la aprobación tuvo lugar de una manera ciertamente precaria: sólo los doce representantes del PSOE votaron a favor, mientras que el de Izquierda Unida se abstuvo, y los otros doce, pertenecientes al PP, Ciudadanos y el PdeCat, votaron en contra. En la práctica, fue el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, el que determinó la aprobación de esa fórmula.

La soledad del Partido Socialista se ha vuelto aún más visible ante la actuación coordinada de alcaldes de ocho partidos diferentes que han pactado un documento de rechazo al real decreto de financiación de las entidades locales propuesto por Hacienda y aprobado por la FEMP. Son el PP, con los alcaldes de Zaragoza, Madrid y Murcia; Podemos, con el alcalde de Cádiz; ERC, con el gobierno local de Lleida; Ciudadanos, con el primer edil de Granada; el PdCat, con Reus; el PNV, con Bilbao; Coalición Canaria, en representación de Santa Cruz de Tenerife; el BNG, en la de Pontevedra. A ellos, se ha sumado un noveno, Compromís, con el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

Reclaman, según ha anticipado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que los ayuntamientos puedan disponer libremente de sus ahorros y, además, puedan gastarlos en lo que quieran y no «en lo que quiera el Gobierno». También exigen una flexibilización de la regla de gasto y una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y buscan, además, apoyos de más ayuntamientos, para lo cual enviarán el documento a las casas consistoriales de los municipios de más de 100.000 habitantes.

La FEMP ha sido interpelada, dado que esta «liga de alcaldes» afirma que ya «no representa al municipalismo», en palabras de Azcón. Este periódico se ha puesto en contacto con la Federación, que ha preferido no realizar declaraciones sobre la cuestión.

Aunque es muy previsible que el real decreto aprobado en consejo de ministros el pasado martes no sea convalidado en el Congreso de los Diputados, puesto que los nueve partidos políticos a que pertenecen los alcaldes que primero se han organizado para protestar ya han anunciado su voto en contra en la Cámara. Por ello, Jorge Azcón ha advertido a los ayuntamientos que se piensen enviar sus remanentes al Estado, dada la posibilidad de que el decreto no se convalide.

También han trascendido otras iniciativas no ya intepartidistas, sino organizadas por algunos partidos de manera individual. Así, por ejemplo, el PP ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos contra el acuerdo del Ministerio de Hacienda. Además, los populares también solicitarán a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente, el socialista Abel Caballero, «por traicionar al municipalismo», además de que pedirán la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según informa EFE.

Abel Caballero, en la rueda de prensa tras la votación del acuerdo, lo calificó de «singular, importante y muy positivo para las entidades locales»; añadió que, además, es «horizontal», puesto que hay ayuntamientos de todos los colores políticos tanto con déficit como con superávit. Asimismo, defendió que «la cesión» de los remanentes a la Administración central «es la única manera» de poder utilizarlos: «Tras cederlos al Estado, éste nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar».

El acuerdo, efectivamente, da la posibilidad a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales y a los consejos insulares de poner a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de su remanente de tesorería para gastos generales hasta el 31 de diciembre de 2021. A cambio, el Estado transferiría a las entidades locales participantes en términos proporcionales a la cesión realizada por cada una de ellas un total de hasta 5.000 millones de euros entre este año y el que viene, a razón de 2.000 millones en este 2020 y de 3.000 millones en 2021. Y, a continuación, el importe íntegro de la transferencia sería restituido a las corporaciones locales en un plazo de diez años a partir de 2022.

Una de las cuestiones que genera malestar es que los 5.000 millones sólo se repartirán entre los ayuntamientos que tengan remanentes y que los hayan transferido, con lo que los que tienen más dificultades no serían beneficiarios de esa transferencia. En este sentido, el PP ha emplazado a Hacienda a cumplir con acuerdo previo, del mes de abril, alcanzado en la FEMP y con el concurso de todas las fuerzas políticas, que recogía que el fondo de los 5.000 millones se distribuyese entre todos los ayuntamientos, independientemente de que tuvieran, o no, liquidez.

El acuerdo recogía también la transferencia de un fondo extraordinario de 275 millones de euros para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal, ampliable hasta los 400 millones.

Ante la existencia de entidades locales sin remanentes, con problemas de liquidez o en riesgo financiero, el acuerdo también contemplaba otros mecanismos de apoyo, como la posibilidad de que las diputaciones provinciales proporcionen préstamos o transferencias a los ayuntamientos.

El representante de Izquierda Unida en la FEMP, Pedro del Cura, se abstuvo en la votación del pasado lunes después de negociar con Hacienda los apoyos, precisamente, a los ayuntamientos sin remanentes, pero con la intención de que en los trámites parlamentarios se lograra mejorar la propuesta.