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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no gana para disgustos. Tras más de un año de estar en el candelero por los ERTE, al ser el organismo encargado de su tramitación y la de los pagos de las prestaciones, y haber sido objeto de un ataque informático a principios de marzo que ralentizó los cobros, el SEPE vuelve a la primera línea.
En esta ocasión el motivo es el despido previsto de 1.500 interinos que fueron contratados en 2020 para poder hacer frente a la «avalancha» de trabajo que llegó con la covid y los ERTE. Año y medio después los ministerios de Hacienda y Función Pública no quieren prorrogar esos contratos, con lo que el servicio, deficitario de por sí, no tendrá capacidad para hacer frente a la carga de trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo, que lleva Yolanda Díaz, aboga por prorrogar esos contratos para evitar un nuevo colapso este verano. El Gobierno rescindirá 500 contratos en junio; 500 en septiembre y 500 en diciembre.
La representante de USO y trabajadora del SEPE en Las Palmas, Yaiza Santana, advierte del «caos» que se va a volver a producir si no se prorrogan los contratos de los interinos. Y es que la marcha de este personal se produce en verano, coincidiendo con las vacaciones, jubilaciones y marcha de trabajadores por concurso. «Va a haber retrasos en los pagos, seguro, porque no vamos a poder llegar a todo. Y no solo son las prestaciones de paro o de los ERTE sino también los cobros indebidos de los ERTE que todavía no están al día. También se suma el fin de los contratos en educación que genera más volumen de trabajo», indica Santana.
Según indica, en la provincia de Las Palmas hay un total de 199 trabajadores, de los que en torno a 60 son interinos. Si no se prorrogan los contratos, la plantilla se quedará en 139 personas, de las que en torno a un 10% prevé irse por concurso o jubilaciones. «Vamos a quedarnos unas 125 personas. Si no damos abasto ahora ¿cómo lo vamos a hacer después?», se pregunta.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la situación es similar. Hay 165 trabajadores, de lo que unos 50 son interinos.
De rescindirse los contratos, la plantilla del SEPE se va a ver recortada en torno a un 30%. «No sabemos cómo lo vamos a hacer. Los trabajadores estamos muy preocupados por la que se nos viene encima. De nuevo seremos criticados por la opinión pública porque se retrasan los pagos cuando la culpa es de los gestores políticos que no dotan al servicio del personal que se necesita», indica. Como recuerda, los pasados 29 y 30 de marzo, los trabajadores con el respaldo de USO (único sindicato convocante) llevaron a cabo una huelga para denunciar la falta de medios personales y materiales en el SEPE y presionar para que se dispusieran de recursos de cara a mejorar el servicio al ciudadano.
«Sabíamos que iba a pasar esto y necesitamos personal», indica Santana, quien asegura que ahora que el servicio «empezaba a estar al día» tras el colapso vivido «vuelve para atrás». «Habrá un retraso considerable de los pagos», advierte Santana.
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