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Torre de control del aeropuerto de Lanzarote, el más afectado por los retrasos. Carrasco
Los controladores aéreos suman un año entero de huelga sin visos de solución

Conflicto laboral en los aeropuertos

Los controladores aéreos suman un año entero de huelga sin visos de solución

Lanzarote y Fuerteventura acumularon en 2023 un total de 65.000 minutos de retraso a causa del paro, con un impacto de 5,2 millones de euros para aerolíneas y pasajeros. Canarias exige soluciones a este conflicto

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 1 de febrero 2024, 01:00

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Los controladores aéreos de las 10 torres de control privatizadas en España en en manos de la empresa privada Saerco iniciaron en febrero de 2023 una huelga que sigue a fecha de hoy y que, previsiblemente, continuará 'sine die' por la «posición inamovible» de Saerco en la negociación del nuevo convenio colectivo. La empresa ofrece una subida del 0,5% anual hasta 2027 y ese año, si mantiene la concesión, el alza será del 23,4%. Para los trabajadores la subida ofrecida es insuficiente y por eso no firman, según señalan fuentes próximas.

El paro afecta a los cinco aeropuertos que están privatizados en las islas: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. El aeródromo conejero es, sin duda, el más perjudicado de todos y donde más se deja sentir el conflicto debido a su elevado volumen de tráfico. Los servicios mínimos decretados en este paro son del 100% pero la huelga se deja sentir porque, según apuntan fuentes de los controladores, el número de la plantilla es reducido para hacer frente al volumen de tráfico en momentos puntuales.

En el año 2023, los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura generaron 65.000 minutos de demora a causa de la huelga. Si estos retrasos los tradujéramos a dinero el impacto para aerolíneas y pasajeros asciende a más de cinco millones de euros, en función de un estudio del año 2015 que cuantifica cada minuto de retaso en unas pérdidas de 81 euros. En 2023 hubo varias jornadas en las que el aeropuerto de Lanzarote se situó en los primeros puestos de los aeropuertos con más retrasos de toda Europa.

La situación perjudica a pasajeros y aerolíneas que ven afectados sus ratios de puntualidad y se ven obligados a dar explicaciones a sus clientes por una situación que les es ajena. Además del coste que implica.

La situación y la previsión de que el conflicto se cronifique en el tiempo ha llevado a la directora de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, a solicitar al nuevo secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que medie para poner fin este conflicto que cumple ahora un año y que, según se entiende desde el Gobierno de Canarias, empaña la imagen del destino.

El Ejecutivo autonómico demanda que las torres privatizadas vuelvan a ser gestionadas por Enaire, el gestor público, en lugar de por una empresa privada. Además se demanda que la privatización no siga en el resto de los aeropuertos de Canarias: el de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, que en marzo del 2023 aparecieron incluidos en una orden ministerial que apuntaba a su privatización. Por ahora el proceso está parado pero se teme que siga adelante.

Desde Saerco se defiende seguir avanzando en la privatización de las torres de control que gestiona actualmente Enaire con el argumento del ahorro de costes. Distintos estudios apuntan a que Aena se ahorraría en las islas hasta diez millones de euros al año con la privatización. En diez años el ahorro sería de 100 millones.

Frente a estos argumentos, los trabajadores de este servicio -los controladores aéreos- advierten que liberalizar y permitir la entrada de empresas privadas deriva en un «dudoso proceder» en la gestión e «incumplimientos» de los procedimientos de actuación que van en contra de la seguridad operativa. «Nunca se han producido incidentes graves pero las normas no siempre se cumplen. De igual forma si se producen eventos se rebaja la gravedad a la hora de notificarlos», indican. Desde Saerco se indica que el servicio es el mismo que ofrece Enaire y como ejemplo apuntan a que en los más de diez años que llevan gestionando torres de control en Canarias «nadie ha notada la diferencia».

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