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El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias en su despacho esta semana. Cober
«El concurso exprés para evitar apagones es una chapuza que deja vendida a Canarias»

Entrevista a Carlos Medina. Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental

«El concurso exprés para evitar apagones es una chapuza que deja vendida a Canarias»

Considera que el Gobierno de Canarias debe recurrir la resolución del Ministerio que autoriza 155 MW de los 250 que se necesitan. Las exigencias de Madrid han echado para atrás a las empresas

Silvia Fernández

LAs Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de mayo 2024, 23:47

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– El Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado la instalación de 155,2 megavatios (MW) de potencia dentro del concurso exprés solicitado para reducir el riesgo de apagones en Canarias. ¿Resuelve esto el problema?

– En absoluto. Ese concurso exprés o 'antiapagones', como algunos lo han bautizado de forma banal, es una chapuza jurídica en toda regla. Se basa en utilizar el artículo 59 del Real Decreto 738/2015, diseñado para la adopción de medidas temporales y extraordinarias en el corto plazo, como la situación vivida, por ejemplo, con el volcán de La Palma, a modo de subterfugio legal para resolver un déficit de potencia estructural que ya en 2016 se estimó, con horizonte temporal 2021, en 1.000 MW y que actualmente ronda ya los 1.600 MW, según el operador del sistema Red Eléctrica.

– ¿Quién es responsable de esta «chapuza» el Gobierno de Canarias o el Ministerio?

– Los sucesivos Gobiernos de Canarias que hemos tenido desde el año 2016 y el Ministerio desde el año 2013, por ineptitud política y falta de planificación. El actual Gobierno de Canarias, aceptó dicho subterfugio legal inducido por el propio Ministerio. El Gobierno, promueve entonces una convocatoria 'ad hoc', con un procedimiento administrativo no reglado, para que las empresas presentaran sus propuestas de servicios de emergencia. Hasta 15 empresas optaron a la instalación de esta potencia de reserva, al parecer, con unas 30 soluciones, que en conjunto suponían una oferta muy superior a los 250 MW que se necesitaban. ¿Por qué entonces se conceden 155 MW si había oferta para más de 250 MW y existe esa urgente necesidad, según el operador del sistema Red Eléctrica? Porque estas empresas se presentan para obtener una rentabilidad positiva por sus inversiones, pero el Ministerio, tras analizar las propuestas enviadas por el Gobierno de Canarias, avisa de que no va a sufragar esa inversión dado lo abultado de la misma (aproximadamente 1,5 millón de euros por cada MW instalado, lo cual supondría un coste de casi 400 millones de euros para esos 250 MW). Y ello es así porque la instalación de esta nueva potencia de reserva no sólo exige equipos de generación, sino también terrenos para implantarla, obra civil, líneas de evacuación y centros de transformación, entre otras actuaciones. El Ministerio advierte de que sólo acepta grupos de alquiler, no fijos, y con el mínimo gasto asociado posible, limitando además la rentabilidad de dichas inversiones. Se produce entonces el 'tijeretazo', recortando la potencia inicialmente solicitada por el Gobierno de Canarias. Las únicas dos empresas con suficiente solvencia económico-financiera para soportar estas exigencias, pese a que van a incurrir, muy probablemente, en cuantiosas pérdidas, tienen, seguramente, un interés de posicionamiento estratégico a largo plazo, ya que siempre han estado interesadas en participar, como fuere, en el negocio de la generación de energía eléctrica en Canarias. Sin embargo, conjuntamente, no pueden asumir 250 MW sino tan sólo 155 MW.

Rodillo del Ministerio

«De las 15 empresas interesadas siguen adelante dos por las exigencias impuestas por el Ministerio»

– Entiendo entonces que no se ha ido al máximo de potencia que se necesita porque las empresas que se habían presentado se han echado a un lado.

– El Gobierno de Canarias sometió inicialmente a las propuestas presentadas a un proceso de depuración, descartando inicialmente muchas propuestas por inviables debido a diversas razones técnicas y de permisos, fundamentalmente. Pero las que sí resultaron viables, al menos técnicamente, sumaban, probablemente, más de 250 MW, pero luego algunas se descartaron porque ciertas empresas no estarían en disposición de asumir las condiciones del Ministerio, dado que el negocio resultaría completamente ruinoso y sin seguridad jurídica, dada la temporalidad de la medida. Según reza la Orden Ministerial, los costes, tanto de instalación como de operación, serán auditados y los últimos se sufragarán, únicamente, en función de las horas de funcionamiento de los equipos ¿Qué empresa está en disposición de asumir ese riesgo? Al final, la potencia solicitada de 250 MW ha quedado reducida a esos 155 MW, que no cubren, de ninguna manera, el déficit de potencia en el corto plazo señalado el informe de Red Eléctrica (REE) y que, en estos meses, ha aumentado pasando a 268 MW y seguirá aumentando cada día.

– ¿Cree que el que no se haya cubierto toda la potencia necesaria puede forzar a que el concurso por concurrencia competitiva salga antes?

– Eso es algo que podría haber estado en la mesa de negociación pero lo desconozco. El concurso no ha salido porque ni el propio Ministerio sabía cómo abordarlo, ya que es un procedimiento inédito. Ha estado sometido a un interminable proceso de alegaciones, muchas de ellas formuladas por el propio Gobierno de Canarias. Además, ni siquiera tenían establecido, hasta el pasado viernes el régimen retributivo que permite utilizar gases licuados del petróleo en las instalaciones de producción de energía eléctrica en Canarias. En cualquier caso, lo más destacable de la Orden Ministerial por la que se nos conceden esos 155 MW es el relato exculpatorio que realiza el Ministerio en el que 'blanquea' su actuación o, más bien, su inacción durante todos estos años, haciendo casi responsable de todo lo ocurrido al propio Gobierno de Canarias. Señala que ha sido el propio Gobierno de Canarias el que 'sólo' ha solicitado esos 155 MW, lo cual no es cierto, ocultando el hecho de que ha sido el Ministerio el que ha efectuado el recorte, no pudiendo el Gobierno de Canarias acceder a la potencia solicitada e indicada por REE como necesaria. Considero que el Gobierno de Canarias debería, con carácter inmediato, recurrir esa Orden Ministerial dado que, de no hacerlo, todo lo que suceda a partir de ahora en materia de apagones o cero energéticos, será, según el Ministerio, de la total y exclusiva responsabilidad del Gobierno de Canarias.

– ¿Se sabe cuándo saldrá el concurso de concurrencia competitiva?

– Nadie lo sabe. En cualquier caso, si se convocasen mañana los cerca de 1.600 MW de potencia a instalar, que es el déficit estructural actual de Canarias, dicha potencia no estaría operativa hasta dentro de, al menos, 10 años, debido a la burocracia, entre las principales razones. Por eso es por lo que el riesgo de ceros energéticos aumenta cada día.

Resolución

«El Gobierno debería recurrir; de otra forma solo él será responsable si hay más apagones»

– Llama también la atención el desigual reparto de esos 155 MW de más potencia entre las islas. Tenerife va a cubrir casi en su totalidad el déficit mientras que Gran Canaria mejora muy poco.

– Efectivamente. Para Gran Canaria el Gobierno de Canarias solicitaba 120 MW de potencia y tan solo se van a implantar 50 MW, mientras que Tenerife se necesitaban 80 MW y se le asignan 70 MW. Si bien el Cabildo de Gran Canaria podría protestar por tal agravio, debería quizás abstenerse de realizar ninguna manifestación al respecto toda vez que dicho Cabildo ha informado negativamente la implantación de la planta de generación energía eléctrica de 70 MW que, desde hace varios años, lleva tratando de implantar, infructuosamente, la empresa Totisa en el Puerto de Las Palmas

– ¿Cuál es su pronóstico entonces?

– Pues ojalá me equivoque pero creo que el actual Gobierno de Canarias, el cual anunciaba hasta no hace mucho tiempo, de forma un tanto ingenua, quizás, que estas instalaciones de emergencia iban a estar en servicio «en un año», ahora que ha descubierto la complejidad de todo este proceso, especialmente la burocrática, no va a poder ver esas instalaciones funcionando antes de que acabe esta legislatura. Por otro lado, está por ver si las empresas que siguen adelante van a aceptar las condiciones económicas del Ministerio que aún no están nada claras.

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