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La Comisión Europea ha abierto este lunes un expediente sancionador a España por no haber transpuesto la directiva europea sobre traslados, fusiones y divisiones de empresas. Esta legislación busca armonizar las reglas europeas, establece salvaguardas para que las compañías rindan cuentas fiscales en los Estados miembros correspondientes y protege los derechos de los trabajadores. La fecha límite para que España transpusiera la norma a su legislación nacional expiró el pasado 31 de enero.
Como respuesta, Bruselas ha procedido a enviar una carta de aviso a las autoridades nacionales, el primer paso del procedimiento de infracción. Éstas tendrán un plazo de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario y resolver las deficiencias que se han detectado. En caso de no hacerlo, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen e iniciar un proceso de diálogo para solucionar la situación, antes de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este último supuesto, el país se podría enfrentar a una sanción económica.
Además de a España, Bruselas ha abierto expedientes a otros 19 países por la misma razón: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía.
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